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El PNV exculpa sin dudas a la alcaldesa

El PNV no ve ninguna ilegalidad en el pacto previo suscrito por los familiares de la alcaldesa de Lezama, de su partido. El presidente peneuvista en Vizcaya, Andoni Ortuzar, aseguró ayer, tras mantener una conversación con Alaitz Etxeandia, que los terrenos son urbanos desde 1998, "óptimos por tanto para dedicarlos a vivienda como recomienda la praxis urbanística más avanzada". Sin referirse al cobro del dinero antes de la recalificación, Ortuzar sostuvo que las familias de cargos públicos no deben "en ningún caso beneficiarse de tal condición, pero tampoco salir perjudicados ni ver limitados sus derechos por ello".

El dirigente peneuvista apunto que la alcaldesa está impulsando en el municipio viviendas para jóvenes, "un empeño compartido y apoyado por el PNV", y enfatizó que el plan urbanístico en el solar de los familiares de Etxeandia se encuentra en la fase de alegaciones. "Quien considere que se lesionan derechos particulares o públicos tiene abierta esa vía", dijo.

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El líder socialista en Vizcaya y su portavoz en el Parlamento, José Antonio Pastor, opinó en cambio que el PNV debe exigir la dimisión de la primera edil. "Parece evidente que hay una actuación que puede ser incluso delictiva y constitutiva presuntamente de prevaricación", indicó. Pastor agregó que el caso "huele mal" y que el PNV debería exigirle que "abandone su cargo, porque no ha actuado de forma limpia".

La edil del PSE en Lezama, Dolores Fernández, quien ha denunciado varias veces esta operación urbanística, calificó el hecho de "escándalo mayúuculo" y recordó que Etxeandia "siempre ha evitado decir que los propietarios eran de su familia".

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El portavoz del PP en Vizcaya, Carlos Olazábal, anunció que el próximo lunes su grupo pedirá la comparecencia en las Juntas Generales de los diputados forales de Medio Ambiente y de Urbanismo ante lo calificó como un "acto de puro caciquismo. Estamos ante un Barrikabaso 2".

La plataforma vecinal Lezama Bizirik destacó que se ha utilizado "información o cargos para favorecer intereses privados" y calificó de "sospechoso que se compren terrenos a precios edificables cuando no son edificables". Instó a acatar la sentencia del Superior y elaborar un nuevo plan urbanísitico "cumpliendo la legalidad y construyendo donde se puede hacerlo".

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