Los dueños de Astilleros se enrocan
La misma canción con distinta música. La falta de entendimiento entre la Junta de Andalucía y la empresa Astilleros de Huelva se puso ayer de manifiesto -otra vez- con un nuevo cruce de acusaciones y ningún documento concluyente que despeje el futuro de la factoría, con deudas de 300 millones de euros, rescisiciones de contratos por parte de los armadores por más de 60 millones y más de 1.000 puestos de trabajo en juego. "El tiempo se acaba", amenazó por la mañana Martín Soler, consejero de Innovación, en un acto celebrado en Jaén. Soler criticó que el documento enviado por la empresa el martes a última hora, en el que se aceptaba definitivamente a José Luis Álvarez como apoderado general, si bien se consideraba "un avance", no era suficiente. Falta el documento "más importante", dijo, la cesión de los derechos políticos -al menos el 51%- al administrador único con los que éste se convierta, en palabras del consejero, en "garante de la estabilidad y del futuro de los astilleros". Después Soler, como viene ocurriendo en las últimas semanas, amenazó a los accionistas con emprender medidas legales si no acceden, de una vez a dejar en manos de los nuevos apoderados -propuestos por la Junta y apoyados por los sindicatos- la gestión de la factoría, con la actividad prácticamente paralizada desde octubre. Por su parte, los propietarios de Astilleros de Huelva, titular del 80% de los de Sevilla, aseguraron haber accedido ya a todas las exigencias de la Junta y enredaron aún más si cabe el conflicto acusando a la Junta de querer cerrar la planta onubense, algo que ya acordado por las partes.
