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Feijóo acepta revisar la ley de cajas para salvar la fusión

El presidente pide a Blanco que el Gobierno negocie

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, viajó ayer a Madrid con dos caras. Una para su comparecencia junto al ministro de Fomento, José Blanco, con el que tras un encuentro de una hora y media, eligió un tono conciliador, cómplice, con respecto a la intención del Gobierno de pedir un informe al Consejo de Estado sobre la ley gallega de cajas de ahorro, por apreciar que alguno de sus puntos puede ser inconstitucional.

La otra cara la vieron apenas una hora después los asistentes a un almuerzo con el presidente gallego en el Club Siglo XXI de la capital. Claro que, a mediodía, ante los medios de comunicación, junto al ministro, pasó veloz sobre el asunto. La rueda de preguntas no dejó tiempo a más de una cuestión sobre este espinoso tema, que no fue abordado en la reunión con José Blanco. La cita giró en torno a las infraestructuras ferroviarias.

La Xunta, dispuesta a revisar la Lei de Caixas para evitar el recurso

Feijóo dice que se enteró "por un diario" de las intenciones del Gobierno

"Si se van con Caja Madrid, habría una gran manifestación en Galicia"

El ministro Blanco intentó sacudirse el espinoso asunto al ser interrogado sobre la postura del Gobierno: "Yo no conozco el contenido de la ley de cajas de Galicia, y el Gobierno lo único que ha hecho hasta ahora es pedir un informe al Consejo de Estado y será el Consejo de Estado el que marque el camino que va a recorrer el Gobierno, que además es preceptivo. Y dicho esto yo creo que a través del diálogo y del acuerdo siempre se pueden resolver los problemas".

El presidente de la Xunta advirtió que el Pacto del Obradoiro, firmado en julio de 2009 para impulsar las infraestructuras, establecía la "lealtad" entre ambas administraciones, algo "tan importante" como las obras comprometidas. Y se quejó de haberse enterado "por un diario" de la "posible" intención del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Núñez Feijóo señaló que ese recurso no sería contra una norma del Gobierno gallego, sino "en todo caso sería contra las dos terceras partes del Parlamento", que la apoyó. En cualquier caso el presidente gallego no quiso elevar el tono ni la tensión, y anunció su disponibilidad para "hablar, dialogar o acordar".

El presidente de la Xunta dejó caer que no desperdiciará la oportunidad de presionar al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero con la misma arma: llevar al alto tribunal el Fondo de Reestructración Ordenada Bancaria (FROB), cuyo objetivo es facilitar las fusiones de entidades con ayudas públicas.

"Insisto en que lo más importante en este asunto, antes de plantear un recurso de inconstitucionalidad de un Gobierno sobre otro, es acercar posturas, y yo anuncio la disponibilidad favorable de la Xunta para obviar el recurso y acercar posturas sobre la ley de cajas u otras grandes leyes que afecten a la comunidad autónoma. (...) Pero en fin hay tiempo y hay plazos (...)". Feijóo señaló que el Ejecutivo gallego está "a disposición del Gobierno central, de la vicepresidenta del Gobierno, del vicepresidente... para conocer al menos cuál o cuáles con los puntos controvertidos y podamos acercar posturas". Las palabras de Feijóo implican la disposición de la Xunta a revisar cualquier aspecto de la Lei de Caixas para evitar que el Gobierno recurra al Constitucional y paralice la fusión. Una salida semejante ya fue pactada en su día por la Comunidad de Madrid, que reformó los puntos de la ley que iba a recurrir el Gobierno.

Tras dejar Fomento, en el club Siglo XXI, ya sin la presencia de Blanco y con tiempo para explayarse, Feijóo fue mucho más duro. "Los gallegos no entenderán que el Gobierno que defiende el Estatuto de Cataluña, que no ha recurrido las leyes de cajas catalana o andaluza, recurra la ley gallega", sentenció ante un nutrido grupo de empresarios, entre ellos Juan Miguel Villar Mir.La tesis que expuso Feijóo una y otra vez es la de que el Gobierno ha permitido fusiones de cajas de la misma autonomía en comunidades gobernadas por el PSOE, como Cataluña, Andalucía y País Vasco, y no puede oponerse ahora a una fusión de Caixa Galicia y Caixanova sólo porque esta comunidad esté gobernada por el PP. "No queremos ser más ni menos que nadie. Galicia no puede ser menos que Cataluña, Andalucía o el País Vasco. Si podemos tener la quinta caja de España en Galicia [por la fusión] debemos aprovechar esa oportunidad".

Sobre la posibilidad de que Caixa Galicia se fusione con otras cajas de fuera de esta comunidad, Feijóo teorizó que si las decisiones no se toman en Galicia, puede suceder que cuando haya que optar entre la financiación de varios proyectos, la economía gallega pierda por una "falta de sensibilidad" de unos directivos no radicados en esta comunidad. Respecto a la pérdida de puestos de trabajo que implicaría la fusión gallega -más de 1.200- Feijóo evitó entrar pero insistió en que si él aceptara una fusión con Caja Madrid "habría una gran manifestación en Galicia, con razón. Yo no puedo ir contra los intereses gallegos", dijo para dejar claro que se opondrá a cualquier fusión que no sea dentro de la comunidad.

El informe solicitado por el Gobierno central al Consejo de Estado se conocerá el próximo jueves, por lo que es posible que el Ejecutivo central presente el recurso el próximo viernes. El Gobierno no ha hecho públicos los puntos que podrían ser analizados por el Tribunal Constitucional, pero uno de los aspectos más espinosos está relacionado con la representatividad dentro de los órganos de dirección de las entidades. La norma, aprobada el pasado mes de diciembre, allana el camino para la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia, las dos cajas gallegas, frente a otra fusión, la de Caja Madrid con la alicantina CAM y Caixa Galicia, que auspicia el Banco de España y ansía la entidad madrileña.

El Ejecutivo intentará con el recurso paralizar la ejecución de la norma, ya que ésta prevé renovar en marzo el 75% de los órganos de gobierno de las cajas. Con esa renovación, el PP y el BNG podrían eliminar la resistencia de Caixanova a la fusión.. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, avanzó el pasado viernes, que los indicios de inconstitucionalidad en el caso de la norma gallega van "más allá de las cuestiones que llevaron a la presentación del recurso en la ley madrileña de cajas".

En Madrid también estuvo ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballer, en un acto de Nueva Economía Fórum, donde exigió que se respte lo que dictamine el Consejo de Estado sobre la ley gallega.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de febrero de 2010