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COLUMNA

La corrupción y el empleo

Un vecino me contó la fórmula que tenía el alcalde de su pueblo para mantenerse en el poder. Decía: "Es un tipo muy listo, al menos un miembro de cada familia del pueblo trabaja en el ayuntamiento". La corrupción es un desastre para la democracia, pero es un chollo para el empleo, aunque sea envenenado. Les cuento un ejemplo de libro. Cuando Jesús Gil llegó a la alcaldía de Marbella, el Consistorio tenía 300 funcionarios. El día que la Justicia lo inhabilitó, la cifra se había multiplicado por diez. Con este sistema llegó a alcanzar la perfección. En las elecciones municipales de 1999 su partido, el Grupo Independiente Liberal (GIL) obtuvo 21.971 votos y cuatro años después, en 2003, la cifra fue idéntica: 21.971. A la hora de ir a votar, no hay nadie más fiel que un estómago agradecido.

La policía asegura en un informe del caso Astapa que cuando el socialista Antonio Barrientos firmó el acuerdo de gobierno con los ex gilistas del Partido de Estepona, se realizó también un reparto proporcional de los enchufados que cada uno podía colocar. Según el sumario, de los 315 afiliados que integraban la agrupación socialista de Estepona, la mitad fueron dados de alta tras las elecciones. En poco tiempo, unos 120 de los afiliados y 42 de sus familiares tuvieron un trabajo en el Ayuntamiento. El aluvión de enchufes se sumó a otro anterior, las más de 200 contrataciones a dedo que realizó el GIL durante el mandato precedente. El Ayuntamiento llegó a tener 1.400 trabajadores, de los que cerca de un 80% habían entrado por la puerta de atrás. Allí siguen muchos, a la espera de conseguir una plaza fija.

Un total de 2.000 empleados del Ayuntamiento de Jerez, el primero en anunciar en España un ERE, han accedido al puesto sin haber hecho unas oposiciones ni haber pasado concurso de méritos alguno. En el Consistorio, con una plantilla de 2.700 trabajadores, sólo uno de cada cuatro empleados es funcionario y la mitad del personal ha pasado a ser indefinido por haber sumado 24 meses de trabajo en los últimos 30 años. La Federación Andaluza de Municipios (FAMP) estima que más del 80% de los 771 ayuntamientos andaluces tiene problemas para pagar las nóminas a fin de mes y aunque no se trata de generalizar afirmando que las penurias obedecen a prácticas corruptas o irregulares como las que acabo de relatar en Marbella, Estepona y posiblemente también en Jerez, sería de ilusos pensar que el clientelismo no está en la raíz del problema.

No conozco un solo caso de corrupción política en España que haya provocado, además de la lógica detención o condena de los implicados, una revisión de las contrataciones que éstos realizaron durante el periodo en el que se cometieron las fechorías. Ni siquiera recuerdo una sola petición fiscal que incluyera en el rosario de delitos a imputar, uno relacionado con la utilización del dinero público para montar una red de clientelismo con el que mantenerse en el poder. Es más, hay múltiples sentencias que van en el sentido contrario, el de calificar de improcedentes los despidos de cargos de confianza o de personal laboral involucrados en las tramas corruptas.

Un juzgado de Málaga rechazó hace unas semanas el recurso de Juan Antonio Roca, una de las estrellas en el caso Malaya, contra su despido como cargo de confianza del Ayuntamiento de Marbella, donde cobraba 9.000 euros al mes. La sentencia le pareció tan excepcional al responsable de Hacienda del Consistorio, Carlos Rubio, que el día que se hizo pública, en vez de referirse a ella como algo normal, dijo: "Es un triunfo del sentido común". Y aquí radica el problema: todos hemos dicho lo mismo que Rubio. Hemos considerado nada menos que un triunfo que el causante de la ruina del ayuntamiento no fuera indemnizado por el consistorio que expolió. Con qué poco nos conformamos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de febrero de 2010