El PSC impone la disciplina de voto para frenar la abolición de los toros

El de la prohibición de las corridas de toros amenaza con convertirse en el debate más enconado del final de la legislatura catalana, con permiso del Tribunal Constitucional. Y cojos en las encuestas, los socialistas han decidido acabar con la ambigua posición adoptada hasta ahora. El presidente de la Generalitat y, por extensión, el PSC no quieren aparecer en la foto final como los responsables de la prohibición de los festejos. La dirección del partido ha dado a sus diputados órdenes de intentar suavizar la prohibición en el trámite parlamentario y, para dar imagen de unidad, retirará a sus representantes la libertad de voto de que gozaron en el debate de la semana pasada.

Los socialistas presentarán enmiendas para rebajar los objetivos de la iniciativa legislativa popular que, avalada por 180.000 firmas, pide que se acabe con las corridas. Si las enmiendas no salen adelante, el PSC votará en contra de la ILP. Ello dejaría la eventual prohibición de los festejos exclusivamente en manos de Convergència i Unió. Ha llegado la hora de que los partidos "se mojen", dijo ayer el viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta. En opinión del dirigente socialista, la libertad de voto es factible cuando se trata de aceptar o rechazar la tramitación de una iniciativa que no estaba en el progama electoral del partido, pero no para aceptar o rechazar las enmiendas que el partido decida presentar a partir de ahora.

Convergència dejará que sus representantes voten con libertad

¿Qué busca el PSC? El partido todavía no ha redactado las enmiendas a la ILP -lo hará a partir de enero-, pero defiende que existe una posición intermedia entre prohibición y mantenimiento de las corridas. "Quizá se podría introducir algún tipo de gradualidad para no prohibir de entrada", explican fuentes de la dirección del partido, que añaden que también podrían hacerse corridas sin muerte del animal, como en Portugal.

Iceta insistió ayer, tras la reunión de la ejecutiva del partido, en que abogarán por el "consenso". También dijo que velarán por que el debate, que comenzará en enero en una comisión parlamentaria, no se haga en términos "identitarios", sino abordando los derechos de los animales.

La cuadratura del círculo es complicada. Y es que la prohibición podría salir adelante incluso con el voto contrario y en bloque de los diputados del PSC. Sus 37 representantes en el Parlament, junto a los 14 del PP y a los 3 de Ciutadans, resultarían insuficientes si ERC, con 21, e Iniciativa-Esquerra Unida, con 12, lograsen el apoyo en bloque de los 48 de CiU. En este caso, la prohibición ganaría por 81 votos a 54.

Las asociaciones pro taurinas trabajan ahora para convencer a l CiU de que, si acepta la prohibición de las corridas, se abriría la puerta también para abolición de los encierros en el Ebro, donde los nacionalistas tienen muchas alcaldías. No es casualidad, pues, que de los diputados nacionalistas que la semana pasada votaron contra la prohibición, una decena procedan del Ebro. CiU les mantendrá la libertad de voto. Los nacionalistas aprovecharán el debate para desgastar al Gobierno por la división de sus socios en este asunto.

Pero además de la cuestión taurina, ayer afloraron nuevas tensiones en el tripartito. Por una parte, el PSC pidió tiempo para aprobar la nueva ley de veguerías y del área metropolitana de Barcelona, después de que varios de sus alcaldes rechazaran la propuesta del consejero de Gobernación, Jordi Ausàs. Éste mantiene que quiere aprobar la ley el 5 de enero, mientras que el PSC pide que no se apruebe hasta que tenga garantizados todos los apoyos. Fuentes de Presidencia dejaron claro ayer que el orden del día de las reuniones del Gobierno lo decide el presidente. Esquerra también tensó la cuerda al desmarcarse del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, sobre la gestión del aeropuerto de El Prat. Los republicanos exigirán que en el nuevo consorcio la Generalitat tenga una posición mayoritaria, y no sólo "determinante" para decidir los asuntos más importantes como defiende el Gobierno.