Un año de visitas a la comisaría

Fue el 27 de septiembre del año pasado, en el último derby barcelonés que se jugaba en Montjuïc. En el minuto 68, un grupo de radicales azulgrana encendió y lanzó bengalas contra la afición del Espanyol. La agresión se saldó con una treintena de heridos, cinco detenidos -permanecieron 40 días en la cárcel- y una multa al club blanquiazul.

Los imputados siguen pendientes de juicio y siguen también cumpliendo las medidas cautelares que les impuso el juez: deben presentarse en comisaría cada vez que juega el Barcelona. Inicialmente debían pasar todo el partido en la misma, pero los abogados solicitaron que pudieran presentarse sólo al comienzo y al final: llegan, firman, se van y regresan para volver a firmar. Para lograr que les dejaran presentarse sólo antes y después del partido, los letrados argumentaron que así a los acusados no les daba tiempo a desplazarse hasta el campo donde jugara el Barça. De paso, podrían ver el partido en casa o en el bar.

Curioso es el caso de Marc Martín, de Girona, que mantiene que no lanzó ninguna bengala y que los vídeos lo demostrarán. Su familia es propietaria de varios concesionarios de vehículos y él corre rallies por toda España, por lo que su abogado, Carles Monguilod, consiguió autorización para que el joven, de 24 años, pueda presentarse en la comisaría allí donde esté compitiendo, de una punta a otra del país. Sólo una vez se ha saltado la obligación: se quedó dormido en la segunda parte y no se presentó ante los Mossos al final del partido.

La polémica por aquel derby fue de tal calibre que llegó al Parlament después de semanas de acusaciones entre el Espanyol y el departamento de Interior de la Generalitat. Las dos partes se echaron en cara no haber hecho nada para impedir los incidentes.

Los cinco imputados están acusados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona de un delito agravado de desórdenes públicos, una conducta introducida en el Código Penal en 2003 precisamente para combatir la violencia en los estadios. Las penas previstas son de hasta cuatro años y medio de cárcel.