El Gobierno negocia financiar los anticonceptivos más avanzados

PSOE e IU acuerdan ampliar la cobertura pública de la píldora en la ley del aborto - El coste, que se calcula en 100 millones, es un obstáculo

El Gobierno ha aceptado estudiar una fórmula para que la sanidad pública financie los anticonceptivos de última generación, según fuentes parlamentarias. La propuesta ha partido del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y se incluye en una de sus enmiendas a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es también ley de salud sexual y reproductiva y que tiene como gran objetivo reducir el número de embarazos no deseados.

La sanidad pública en estos momentos sufraga ocho anticonceptivos hormonales orales -la mayoría antiguos, más baratos y no idóneos para todas las mujeres-, uno inyectable y un implante subdérmico de los 35 anticonceptivos disponibles en las farmacias españolas. La financiación no es total, sino que la mujer debe hacer frente al 40% del precio, como en la mayor parte de los medicamentos. Pero quedan fuera parches, anillos vaginales y píldoras de última generación, los más usados por las ciudadanas. Ampliar la financiación de los anticonceptivos ha sido una de las reivindicaciones más recurrentes de las asociaciones de planificación familiar durante los últimos años.

Actualmente se subvencionan las versiones antiguas de la píldora
La cobertura sanitaria permitiría acceder a grupos más vulnerables

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Población empobrecida

"Las píldoras que paga ahora la sanidad pública no son malas", señala Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Asociaciones de Planificación Familiar. "Pueden ser adecuadas para según qué mujeres. Pero hay otras que necesitan otro tipo de anticonceptivos, y algunas no pueden pagarlos porque cuestan unos 15 o 18 euros al mes. Puede parecer poco dinero, pero hay inmigrantes y otro tipo de población empobrecida que no puede hacer frente a ese gasto. Y no podemos olvidar que las inmigrantes son las que más están abortando. Reducir el número de interrupciones de embarazo sin facilitar el acceso a la anticoncepción no es posible", señala. El 55% de los abortos que se llevaron a cabo en España en 2008, según datos del Ministerio de Sanidad, se practicaron a mujeres extranjeras.

La Federación de Asociaciones de Planificación Familiar opina que sería necesario incluir al menos una marca de cada tipo de anticonceptivo dentro de los medicamentos financiados. "También es imprescindible que las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas lleguen a un acuerdo sobre la dispensación gratuita de anticonceptivos, porque hay muchas diferencias entre ellas", señala Serrano. "En Galicia, por ejemplo, los DIU (dispositivos intrauterinos) y un implante subdérmico se ponen en las consultas sin pagar nada, pero esto no ocurre en otras regiones. Es fundamental un pacto para llegar a los grupos vulnerables y mejorar la prevención de los embarazos no deseados".

IU-ICV y ERC incluyeron esta medida dentro de las enmiendas a la ley del aborto para reforzar la primera parte de la norma, la que se refiere a salud sexual y reproductiva. Fue una de las principales cuestiones debatidas el martes en el Congreso entre Gaspar Llamazares, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón. El Gobierno aceptó finalmente estudiar la redacción de una enmienda transaccional que garantice la inclusión de los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios de la sanidad pública. El Ministerio de Sanidad está valorando la propuesta. Las comunidades autónomas también tendrían algo que decir sobre esta cuestión, ya que son las que finalmente pagan.

El gran problema para que salga adelante es la financiación. La enmienda de Llamazares tenía un coste aproximado de 100 millones de euros, pero el Gobierno quiere evitar poner una cifra en la enmienda transaccional. Fuentes del Gobierno aseguran que deben buscar una fórmula con el menor coste posible, ya que la medida haría preciso incluir una memoria económica en la ley del aborto.

El objetivo del Gobierno es integrar en el acuerdo sobre la ley al PNV y a los partidos de la izquierda. Todos votarán juntos en el debate de totalidad de la próxima semana, pero deben llegar a un punto común en las enmiendas parciales. Fuentes de IU ven complicado que el PSOE acepte su propuesta para elevar el plazo de aborto en todos los supuestos a 22 semanas o que las mujeres no sean sancionadas en el código penal en ningún caso.

No es fácil tampoco el acuerdo sobre los abortos de las mujeres de 16 a 18 años. El PNV plantea en su enmienda que sea necesaria la "notificación o comunicación" a los padres, mientras que la izquierda rechaza esta posibilidad y el PSOE estudia una fórmula para que se informe sólo en algunos supuestos.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo ayer una defensa de la futura ley del aborto en el Pleno del Congreso. "¿Por qué en España no puede haber, treinta años después de democracia, una ley que sea homologable a los países más democráticos del mundo, como Suecia, Holanda, Francia o Alemania?", se preguntó Zapatero en respuesta al diputado de UPN, Carlos Salvador, que le exigió la retirada del proyecto de ley por supuesta falta de consenso. Según el presidente del Gobierno, el "objetivo básico" es que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar y que estas intervenciones puedan llevarse a cabo con las garantías legales suficientes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 19 de noviembre de 2009.

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