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El Congreso salva de la quiebra las concesionarias de autopistas

PP y CiU se avienen a pactar con el PSOE 460 millones en créditos y ayudas

Las empresas concesionarias de las últimas autopistas de peaje abiertas viven una situación difícil, debido al alto coste a pagar por las expropiaciones para construirlas. Eso es lo que ha movido al PP y a CiU a pactar con el PSOE un plan de rescate de las concesionarias dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que hoy terminarán su paso por el Congreso.

El acuerdo supone dar el año que viene a las concesionarias un préstamo participativo, es decir, con aval del Estado, de 200 millones de euros para aliviarles la asfixia por los sobrecostes de las expropiaciones, sobre todo para construir las radiales de acceso a la ciudad de Madrid.

En aplicación de la Ley del Suelo de 1998, los tribunales consideraron los suelos como urbanizables y, en vez de los 300 millones previstos para compensar a los expropiados, el coste total se disparó hasta los 1.900 millones. Para aliviar este sobreesfuerzo financiero, PSOE, PP y CiU han acordado que se concedan créditos a las empresas concesionarias a partir del 75% de incremento. El Gobierno está dispuesto a concederles créditos un máximo de 1.375 millones, de ellos, 200 millones en 2010.

Fuentes del sector de autopistas (entre ellas se encuentran, algunas de las grandes constructoras y concesionarias de España, como Abertis o Ferrovial) señalan que en este asunto está totalmente justificado el acuerdo de los grupos políticos, ya que en realidad era el Estado el propietario de los terrenos expropiados a precios astronómicos. Consideran que una eventual ampliación del plazo de concesión no resuelve el problema, porque en algún caso ya es muy alto (65 años en el caso de la R-4, de Ferrovial).

Además, hay una enorme discusión en toda Europa sobre cuál debe ser el máximo legal. Por otro lado, el hecho de que se aumente el plazo, o incluso los precios de los peajes, en unas infraestructuras aún con poco tráfico, no resuelve el problema financiero.

En principio, el plazo para devolver el préstamo participativo es el de la concesión o bien de 50 años si éste es mayor (como en el caso de la R-4), con una carencia de dos años. Las fuentes consultadas indican que los intereses de los préstamos serán del Euribor a un año más 1,5 puntos porcentuales o el resultado de una fórmula que tiene en cuenta los ingresos por peaje.

El acuerdo político entre PSOE, PP y CiU lo inauguraron hace una semana -sin excesivo deseo de publicidad por parte de los dos últimos partidos- con 250 millones para las autopistas de primera generación, es decir, las construidas en los años 80, muy necesitadas de arreglos y modernización.

El ministro de Fomento, José Blanco, defendió anoche desde la tribuna del Congreso todos los capítulos de su ministerio, pero especialmente estos acuerdos que, además de modernización y seguridad, en el caso de la mejora de las autopistas, creará empleo.

Hay que atribuir también al departamento de Blanco otro acuerdo con el PP de 14 millones de euros pactados entre PSOE y PP exclusivamente para ferrocarril e infraestructuras en Murcia y Huelva, a petición del PP. Los muñidores del pacto han sido el portavoz parlamentario socialista de Infraestructuras, Rafael Simancas, y Andrés Ayala, por el PP, y Pere Macias, de CiU.

Las condiciones

- Créditos. Las concesionarias de las autopistas de peaje dispondrán de créditos por valor de 200 millones de euros avalados por el Estado.

- Devolución. Según las condiciones de las ayudas, las autopistas no deberán empezar a devolver los créditos hasta el tercer año.

- Renegociación. El tiempo de concesión de los peajes podrá ser ampliado.

- Tarifas. Las autopistas podrán incrementar sus tarifas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 2009

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