Un bucle infernal
Un bucle infernal que va a dar entretenimiento e ingresos a muchos bufetes. El mismo día de su nacimiento, la enmienda europea ha suscitado más de una lectura discrepante. El núcleo de la disputa reside en si la misma exime a los gobiernos de obtener el permiso judicial para cortar el acceso a Internet de un ciudadano. Para el presidente de la comisión que la ha negociado está claro: cabe tanto un procedimiento administrativo como uno judicial mientras sea justo, imparcial, se respete la presunción de inocencia y no se viole la privacidad. Esta interpretación parece lógica porque, en caso contrario, los gobiernos europeos no se habrían tomado la molestia de tumbar la enmienda 138 del parlamento que obligaba a obtener una autorización judicial.
El redactado tiene tantos recovecos que alimenta las disputas sobre a qué obliga
Pero el redactado tiene tantos recovecos que las disputas hermenéuticas, en cada Estado, sobre las obligaciones que impone van a terminar buscando la interpretación del Tribunal Europeo. Para el abogado español experto en Internet Javier de la Cueva, el procedimiento puede no ser judicial pero la decisión final debe ser de un juez. "No porque lo diga la enmienda, que no lo dice, sino porque ésta remite a normativas como la Convención Europea de los Derechos Humanos".
Es más, en el caso español, si se acepta, por la vía que sea, que se puede cortar el acceso a Internet de un ciudadano "deberá modificarse más de una ley". "Sólo un ejemplo. La norma sobre la Administración Electrónica obliga, en determinados casos, a que el ciudadano se comunique con la Administración por vía telemática. ¿Cómo podría exigírsele si, al mismo tiempo, se le corta su acceso a la Red?".
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, a falta de informes más serenos de los asesores de la entidad, considera que la enmienda "ni prohíbe, ni obliga" a buscar una autorización judicial. "Nosotros la hemos definido como una pequeña victoria, como lo han hecho los Verdes y el Partido Pirata, porque podía haber salido una enmienda liberticida. Y no es así. Ahora, los partidos que quieran defender en cada país el corte del acceso deberán dar la cara y ahí les estaremos esperando". La ambigüedad del redactado, la pasión polisémica que despierta, permitirá que cada Estado intente hacerse un traje a la medida. No es la primera vez que sucede con una directiva europea. La votación del texto está prevista para finales de este mes.
Pero hay otros planes menos garantistas. Europa, y otros países, participan en unas negociaciones muy discretas de donde deberá salir un acuerdo comercial internacional (ACTA) que, en su actual redactado, promovido por Estados Unidos, contempla que empresas y titulares de derechos puedan exigir responsabilidades a los proveedores de Internet que no impidan determinadas conductas de sus clientes. Intercambiar obras protegidas, por ejemplo. En este caso, el texto sería muy clarito.
