La investigación del 'caso Gürtel'
NUEVO INFORME DE LA BRIGADA DE BLANQUEO SOBRE LA RED GÜRTEL EN VALENCIA
La investigación de las actividades de la trama corrupta vinculada al PP ha destapado el cobro de al menos un millón y medio de euros en comisiones ilegales por parte de varias empresas -principalmente de la red que dirigía Francisco Correa, que se habría embolsado más de un millón- como consecuencia del reparto de los beneficios logrados por la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006.
EL PAÍS | Madrid
La policía aporta documentos incautados a la trama, grabaciones y facturas de las empresas que montaron el acto
Las consecuencias políticas del 'caso Gürtel'
"No hay nada más injusto que tratar igual a los diferentes.Hay que dar una respuesta a cada caso".Esta idea, defendida ayer por Mariano Rajoy, resume la defensa de la dirección del PP ante una evidencia: la diferencia de trato entre Ricardo Costa, destituido como secretario general del PP valenciano, y su jefe, Francisco Camps, que tenía las mismas o superiores relaciones con la trama Gürtel en Valencia.
A regañadientes y dando todo tipo de rodeos, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) admitió ayer que está dispuesta a negociar la devolución del dinero del Palau de la Música que el ex presidente de la entidad Fèlix Millet le entregó entre 1999 y 2008 de forma irregular.
El presidente de Israel, Simon Peres no se anduvo con rodeos.Aunque su reunión con Zapatero era protocolaria, planteó desde el primer momento la principal preocupación de los dirigentes israelíes: el deterioro de la imagen de su país por el conflicto con los palestinos.
El Gobierno cumplió ayer una promesa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero pendiente desde 2004: la publicación en el BOE del patrimonio de los miembros del Gobierno (ministros y secretarios de Estado).Según los datos, el presidente tiene un patrimonio de 209.206,13 euros y una deuda de 80.847,89.
El secretario de Estado de Defensa, el secretario general del Mar y el de Política de Defensa ofrecieron ayer a los directivos de las dos principales asociaciones de atuneros (ANABAC y OPAGAC) negociar con el Ministerio del Interior un cambio en la Ley de Seguridad Privada para permitir a los vigilantes que embarquen en los buques el uso de armamento militar.
