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La investigación del 'caso Gürtel'

Un sumario sobrado de pruebas

El juez Flors no dispuso de numerosas conversaciones y datos que inculpaban a Camps ni tampoco de otra, interceptada en la cárcel, que parece exonerarle

Numerosas conversaciones entre miembros de la trama Gürtel y dirigentes del PP y mucha documentación de las empresas de Francisco Correa que apuntalan la posible financiación irregular del PP valenciano no llegaron al juez José Flors, encargado de instruir la causa por supuesto cohecho impropio contra Francisco Camps, el presidente valenciano, y otros tres altos cargos del PP. Pese a no contar con las pruebas ahora conocidas, ni con las conversaciones en la cárcel de los jefes de la trama corrupta y sus abogados, donde sostienen que creen que Camps se pagó sus trajes pero no aportan una sola prueba para demostrarlo, el juez Flors encontró suficientes indicios de cohecho impropio en la actuación del presidente valenciano y tres altos cargos del PP.

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Hasta el punto de que Flors, con los datos de que dispuso, era partidario de sentar en el banquillo y ante un tribunal con jurado a Camps y a los otros aforados implicados. Y todo ello a pesar de que Álvaro Pérez, el Bigotes, declaró ante Flors (fue lo único que quiso decir) que no había pagado los trajes a Camps, en contra de lo que revela toda la documentación hallada en las empresas de la trama.

Aunque en el sumario del caso Gürtel hay abundantes pruebas y conversaciones inculpatorias contra Camps y otros cargos públicos, la estrategia ahora del PP es expandir la sospecha de que las fiscales del caso han tratado de eliminar del sumario un diálogo entre imputados y sus abogados que beneficiaría al presidente Camps. En ese diálogo, Pablo Crespo, número dos de la trama, afirma a su letrado que cree que Camps se pagó los trajes. Esta grabación, al igual que otras muchas que han salido ahora a la luz tras levantarse en Madrid una parte del secreto del sumario, no fue enviada a Valencia. El PP se fija sólo en la que beneficia a Camps y obvia las otras para decir que las fiscales han tratado de ocultar pruebas favorables al presidente valenciano. Al pedir que se eliminasen las conversaciones entre los abogados y los principales implicados en la trama -el cabecilla Francisco Correa y su lugar teniente Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia-, las fiscales también estaban renunciando -todo ello para "salvaguardar el derecho de defensa"- a la admisión implícita por parte de Correa de la validez del contenido del pen drive decomisado al contable de las empresas corruptas y que da cuenta de sobornos a numerosos cargos del PP. Y, también, a la admisión de otra grabación en la que el imputado Crespo deja entrever una supuesta financiación ilegal del PP de Galicia. La polémica que alimenta ahora el PP se refiere en concreto a un diálogo que mantienen en la cárcel Crespo y sus abogados. Los abogados le preguntan, entre otras cosas, por el regalo de trajes a Camps. Crespo se desahoga: "Nunca lo podrán demostrar porque no es cierto. Van a tener difícil sostener la acusación contra Camps, porque no es cierta". A otro de los letrados presentes le asegura: "Si Camps se hizo trajes allí, los habrá pagado de su bolsillo".

Esta conversación no fue remitida a Valencia, al igual que otras muchas que sí le inculpaban. El juez Flors, lo mismo que otro de los magistrados de Valencia contrario a archivar el caso Camps, entendió que había pruebas suficientes para sentar a Camps en el banquillo. Y eso que, de entrada, el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa (amigo declarado de Camps) limitó la investigación al asunto de los trajes y prescindió de indagar otros delitos.

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- Resolución judicial. El auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de Valencia (TSJV) declaró el sobreseimiento libre de la causa instruida contra Camps por el magistrado José Flors. Ese auto asume que las empresas de la trama corrupta pagaron trajes a Camps. Pero archiva el asunto porque entiende que Camps no recibió los trajes en virtud de su cargo público, sino fruto de la íntima relación de amistad que mantenía con Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, que recibió del Gobierno de Camps casi ocho millones de euros en contratas, casi todas a dedo.

- Adjudicaciones a El Bigotes. Un informe remitido por la Generalitat al TSJCV explica que la Consejería de Turismo contrató la instalación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, la feria de turismo, entre 2005 y 2008.

- Alicante y Barcelona. La policía se incautó en las oficinas de Orange Market en Valencia de documentos que relacionaban una serie de ingresos bajo el epígrafe Alicante, que se refería a dinero justificado con facturas con IVA; y una segunda relación de ingresos bajo el epígrafe Barcelona, en referencia a dinero negro no declarado. El TSJV archivó el caso sin investigar este asunto.

- Cuentas coincidentes. Documentos incautados en la sede central de la trama corrupta, en la calle de Serrano de Madrid, consignan ingresos de Orange Market que coinciden con los apuntes incautados en la sede de esta empresa en Valencia.

- Constructores afines. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas de actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un supuesto circuito de financiación ilegal de esa formación.

- El Bigotes reclama. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre El Bigotes, Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste [en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat] es un hijo de puta".

- "Fíjate lo que te debo". El día de nochebuena, a las diez de la noche, El Bigotes telefoneó a Camps.

Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?

Álvaro Pérez. Bueno, escucha, tú... ¿Has leído mi tarjetón?

C. Sí, sí, sí...

Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...

C. No, no, nada.

Á. Sí, sí, sí.

C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.

El 'pen drive' con la contabilidad opaca

- José Luis Izquierdo, el contable de las empresas corruptas de Francisco Correa, el cerebro de la trama, guardó el resultado de su trabajo en un dispositivo electrónico de almacenamiento de datos (pen drive). Una de las conversaciones grabadas con permiso judicial revela la importancia de la información contenida en ese pen drive y que da cuenta del pago de sobornos. Hay una conversación, que las fiscales pidieron no incorporar al sumario, entre Correa y su abogado. Es la siguiente:

- Correa a su abogado: "El famoso pen drive es el lío famoso, si no existiera... El puto pen drive, macho. (...) En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho el contable José Luis Izquierdo con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a Peñas cuando era concejal de [la localidad madrileña de] Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagábamos. [Peñas, ex colaborador de Francisco Correa, acabó traicionándole y presentó en 2007 la denuncia que dio origen a la investigación] Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo".

- Abogado: "Nosotros en ningún caso vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una decisión administrativa".

- Correa: "Si me preguntan: '¿Usted le ha dado el dinero a estos señores?". ¿Qué les digo?'

- Abogado: "Yo negaría la realidad. Que lo acrediten".

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