La suspensión del reparto eólico une a toda la patronal contra la Xunta

Las empresas critican el método para anular el concurso del bipartito

Todo lo que dividió al sector eólico el concurso resuelto por el bipartito lo ha unido la decisión de la nueva Xunta de suspender el proceso de adjudicaciones. Y lo ha hecho en contra del actual Gobierno, con una respuesta unánime por parte de la patronal que integra a ganadores y perdedores del proceso de adjudicación, sean grandes empresas (Endesa, Unión Fenosa, Gamesa o Vestas), históricos como Acciona, Norvento o Eurovento o socios ajenos al negocio e integrados en la asociación este mismo año al amparo de las nuevas adjudicaciones. Entre ellos, grupos conserveros (Aucosa Eólica), lácteos (Ventos Cooperativos) y compañías como San José (Energías Renovables de Galicia) o Transportes Azkar (Proyecto Engadir).

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La asamblea de la unidad

La Asociación Eólica de Galicia (EGA), que a finales del año pasado llegó a reformular sus estatutos para dar entrada a los operadores ajenos al sector al abrigo del nuevo concurso, celebró ayer una reunión decisiva que se saldó con dos grandes decisiones: dar forma a su oposición frontal a la suspensión del procedimiento con una batería de alegaciones que presentará esta semana en la Consellería de Economía e Industria y renovar su cúpula directiva, con la aprobación por unanimidad de todos sus integrantes, enterrando así las diferencias que, según algunos de los socios, se venían constatando durante las últimas semanas. Algunas de las grandes empresas tradicionales en el negocio eólico intentaron en el último mes, según las mismas fuentes, volver a la situación anterior al concurso, lo que puso en jaque la posición de hasta ocho nuevos socios que no provenían del sector energético.

Dos serán los ejes de las alegaciones que presentará esta semana la patronal eólica, debatidas ayer en Santiago por las 22 empresas que la integran actualmente. Por un lado, consideran que, al optar por una suspensión, la Dirección Xeral de Industria, dependiente de Economía, "siguió un procedimiento inadecuado, puesto que de ser ilegal, tendría que haber sido derogado el decreto de 2007 por el cual se convocó el concurso, pero no procede suspender éste por el mero hecho de que se vaya a preparar otra normativa", mantienen.

La nueva directiva salida de la asamblea, que debatió una por una las alegaciones y analizó la eventual presentación de un recurso contra la suspensión del proceso, se declaró "radicalmente en contra de la imposición de un canon autonómico, que resultará discriminatorio si sólo se aplica a parques y no a otras instalaciones con iguales o mayores supuestos efectos paisajísticos", opinión que será argumentada en las alegaciones a la suspensión y al borrador de la nueva normativa. Los peores augurios para el sector también se confirmaron: la norma que prepara la consellería dirigida por Javier Guerra, "en su actual redacción, no resolverá los problemas que afectan al sector", que vaticina una parálisis en la instalación de nuevos parques, por mucho que Industria ponga como fecha para las nuevas adjudicaciones el primer semestre de 2010.

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