El SUP pide el cese del delegado en Baleares por ordenar que no se esposara a los detenidos
El Sindicato Unificado de Policía (SUP, el mayor sindicato policial) y el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socias, chocaron ayer como consecuencia de las órdenes que éste cursó para que no se esposara durante el traslado al juzgado a los cuatro ex cargos del PP detenidos por el caso Palma Arena. El SUP cree que dicha orden fue "ilegal", a pesar de que hace tres días sostenía una opinión aparentemente contraria: el sindicato denunció entonces que los detenidos fueron "expuestos como animales de un zoológico" y que su traslado "vulneró el derecho al honor de los mismos, subvirtió el Estado de derecho y aniquiló la presunción de inocencia".
Ayer, el SUP pidió la dimisión de Socias por haber dado a los agentes "una orden ilegal", ya que, a su juicio, la instrucción de no ponerles las esposas contravenía los protocolos policiales. El sindicato explicó que va a defender a toda costa a los agentes implicados en el traslado para evitar que alguno sea sancionado por haber hecho el traslado "aplicando los mismos criterios que se han aplicado siempre, sin haber recibido reproche alguno por ello".
El sindicato hizo esta manifestación ante el temor de que el asunto se zanje con una sanción al comisario Alfonso Carlos Jiménez Pérez, jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que ha asumido el error de no comunicar a sus subordinados la orden de no esposar a los arrestados.
El delegado del Gobierno respondió por la tarde que su orden se ajustaba a los protocolos y no fue ilegal, sino proporcional al asunto del que se trataba, "por la notoriedad del mismo, por la personalidad de los detenidos, su ausencia de peligrosidad, el escaso riesgo de fuga y las consecuencias que sobre sus derechos fundamentales podría tener". Además, subrayó el "incomprensible cambio de actitud del SUP".
Por su lado, la Confederación Española de Policía (CEP) reclamó a Socias que abandone "la caza de brujas" contra los agentes y que no tome al responsable de Seguridad Ciudadana como "cabeza de turco". Ambas centrales coinciden en que el problema no estuvo en engrilletar a los detenidos, sino en su "exhibición mediática".
