"Una decisión política, no jurídica", según el ex conselleiro
"Es una decisión política que no se puede disfrazar de jurídica". Así calificó ayer Fernando Blanco, diputado autonómico del BNG y ex conselleiro de Innovación e Industria, la decisión de la Xunta de anular el concurso eólico del gobierno bipartito, durante una rueda de prensa en el Parlamento gallego. Blanco, máximo impulsor del decreto eólico durante su etapa en el Gobierno, criticó los argumentos legales que la Xunta dice haber tenido en cuenta para anular la norma, en especial su supuesta vulneración de la Constitución.
"No le corresponde al PP analizar la constitucionalidad de una norma", explicó, para añadir después que el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre decretos. Las razones jurídicas que alega el Gobierno son para Blanco "una cortina de humo" para esconder que "está al servicio de las grandes empresas eléctricas".
"Parece que no se han leído el decreto", señaló a continuación, en referencia a la mención del Ejecutivo de que la norma vulneraba la libertad de empresa por incentivar la participación del sector público, una presencia que, en todo caso, "no era obligatoria". Respecto al canon eólico que la Xunta planea implantar, Blanco señaló que no tiene sentido gravar una actividad [la inversión en energías renovables] que está siendo primada al mismo tiempo desde el Gobierno central.
En el acto también estuvo presente Henrique Viéitez, portavoz de Industria del BNG en el Parlamento, quien señaló que la paralización del concurso significará "perder el tren" con respecto a otras comunidades autónomas. La inseguridad jurídica creada por la eliminación del decreto "espantará", a su juicio, a quienes pretendan invertir y perjudicará gravemente a empresas gallegas que habían ligado su actividad al negocio éolico.
Hipotecar al sector
"Quien crea inseguridad jurídica es el PP", había apuntado antes Blanco, que acusó a la Xunta de demostrar una "irresponsabilidad absoluta" en tiempos de crisis al anular un decreto con "todas las garantías".
Por su parte, el portavoz parlamentario de Industria en el PSdeG, Abel Losada, había acusado horas antes a la Xunta de "paralizar e hipotecar un sector económico de Galicia". Para Losada, los beneficiarios de la concesión "tienen derechos adquiridos", y las indemnizaciones que previsiblemente reclamarán supondrán un coste a mayores para los gallegos. Así, el portavoz socialista criticó al PP por "hablar un día de austeridad y malgastar al siguiente fondos públicos".
