"De momento, no hay otro liderazgo"

Por vez primera desde que estalló el caso Gürtel a principios de febrero, Presidencia de la Generalitat había previsto la situación. El auto del Tribunal Superior de Justicia -en el que se acuerda denegar el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho y proseguir con el procedimiento- no pilló esta vez por sorpresa al jefe del Consell, Francisco Camps, que ha ido a remolque de los acontecimientos una y otra vez.

De hecho, la maquinaria preparada para mantener la calma en el seno del PP, e intentar minusvalorar la gravedad del asunto internamente, funcionó con razonable solvencia.

Camps esquivó, en su única comparecencia pública, las preguntas sobre la información publicada ayer por EL PAÍS acerca de la existencia de nuevas pruebas sobre los regalos a primera hora de la mañana y, a partir de mediodía, se refugió en Presidencia de la Generalitat donde recibió copia del auto del TSJ.

Las bases del PP empiezan a pensar que "si hay pruebas, lo condenarán"

Barberá se niega a sustituir a Camps, a quien está dispuesta a apoyar

Apenas sobrepasado el mediodía, la secretaria general del PP nacional, María Dolores de Cospedal, salió en defensa del honor de Camps y a ese discurso se ciñeron los principales dirigentes populares, que han asumido de la pe a la pa la tesis de Camps. Una tesis única e inmutable que se basa en la confianza en la palabra del presidente de la Generalitat, que insiste en que su honradez quedará finalmente demostrada pese a lo que apunta el auto judicial.

Sobre esta tesis, Presidencia de la Generalitat emitió ayer a última hora de la tarde un escueto comunicado en el que señaló que Camps interpondrá un recurso pidiendo el archivo de la causa por entender "que no hay nada probado y que las acusaciones son falsas". En el mismo escrito se indica que el auto no decreta la apertura de juicio oral, sino que "inicia ahora la fase de instrucción e investigación" con un jurado. Y, por último, se indica que "el auto descarta cualquier irregularidad de la Administración, financiación irregular o tráfico de influencias y se limita a supuestos regalos que no quedan probados documentalmente y que, además, no se han producido".

El secretario regional del PP, Ricardo Costa, imputado en el mismo proceso que Camps, también emitió un escueto comunicado desde el partido en el que indicó que volverá a pedir el archivo de la causa "por considerar que los hechos que se imputan son falsos".

"El auto subraya que no es un juicio definitivo sobre las conductas o hechos objetos del proceso, sino un juicio de probabilidad sobre la investigación", indicó Costa en su comunicado.

El auto del magistrado José Flors demostró ayer que, aunque se conservan las formas, Camps y Costa mantienen su propia estrategia de defensa y que el número dos del PP es ajeno al gabinete de crisis que asesora al jefe del Consell.

Así las cosas, la única decisión que tienen tomada en el PP es la de aguantar, con la esperanza de que alguna de las corazonadas acerca del archivo definitivo del proceso -hasta ahora todas fallidas- se convierta en realidad.

"La situación se complica", reconoció ayer un alto cargo del PP, "pero de momento no hay otro liderazgo". "No tenemos más remedio que defenderlo hasta el Tribunal de Estrasburgo", sentenció otro dirigente popular.

En las bases del partido, la situación era ayer bien distinta, según reconocían varios miembros del PP, que ven cómo la militancia empieza a creer que el escándalo es "insostenible" de defender en los pueblos y que, "si hay pruebas, lo condenarán".

"La situación es muy complicada", confesó un parlamentario, "creo que deberían buscar un candidato y convocar elecciones". "Llevamos muchos meses sin dedicarnos a gobernar la Generalitat y hay que volver a gobernar", sentenció este cargo.

Los posibles relevos para relevar a Camps en caso de que presentase la renuncia son reducidos. La mayoría de fuentes consultadas miran hacia la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ya ha hecho saber por activa y por pasiva que no tiene intención de jugar esa partida y que está dispuesta a apoyar a Camps cuanto haga falta.

Los otros aspirantes posibles son el vicepresidente primero, Vicente Rambla, que es visto con recelo por un sector de las personas más próximas al jefe del Consell, y el secretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, que sólo podría jugar la partida si se convocasen elecciones anticipadas, dado que en la actualidad no es diputado autonómico.

En cualquier caso, la mayoría da por hecho que Camps pretende aguantar en el puesto con la ayuda del PP nacional, que está más preocupado por la situación de su tesorero Luis Bárcenas, también imputado por el Tribunal Supremo y que, además, no puede prescindir de un dirigente que no ha acusado por ahora ningún desgaste en las urnas.

En esta situación, los presidentes provinciales Carlos Fabra en Castellón, José Joaquín Ripoll en Alicante, y Alfonso Rus en Valencia están a la expectativa, pendientes de no perder cuotas de poder en caso de seísmo político. En el polo opuesto, el Consell se dedica a transitar, consciente de que no habrá ninguna remodelación, pese al agotamiento de varios de sus miembros, en tanto en cuanto no se aclare la situación procesal de Camps. Rambla aseguró ayer en Alicante que "la tranquilidad es absoluta" y que "tiene el convencimiento de que el final sólo puede ser favorable para Camps", informa Ezequiel Moltó.