El pluriempleo del agente Pinto
Los investigados por seguimiento cobraron altos salarios
La totalidad de la decena de agentes o ex agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre investigados por presunto espionaje, con su ex jefe Sergio Gamón a la cabeza, tuvieron (y casi todos aún mantienen) una retribución muy por encima de lo usual en la Consejería de Interior. La mayor parte disfrutó del nivel administrativo más alto. Todo ello les daba una escala salarial que iba desde los 90.000 euros de Sergio Gamón hasta los 60.000 euros brutos anuales de los asesores fichados por éste o por el consejero Francisco Granados. Meros ex agentes policiales se convirtieron por obra y gracia del presupuesto y el boletín oficial de la Comunidad de Madrid en "asesores de seguridad" y se situaron muy por encima de sus compañeros de la Consejería, sin mayor bagaje curricular o profesional. El reparto salarial se produjo así.
El sueldo de los asesores oscilaba entre los 60.000 y los 90.000 euros
Nivel 30: los ex policías Miguel Castaño y Sergio Gamón.
Nivel 29: el ex guardia civil José Luis Caro, los ex policías Belén Espartero y José Manuel Rodríguez,
Nivel 28: El ex policía Roberto Casielles y los ex guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado. Muy por debajo de ese nivel se encontraban otros supuestos peones del presunto espionaje realizado contra los enemigos políticos de Aguirre en vísperas del debate por el liderazgo del PP en junio de 2008. José Palomo, con un nivel administrativo 16, apenas ingresaba unos 32.000 euros. Y, al final de la escala salarial pero en primera fila de la lista de sospechosos para la investigación policial, José Manuel Pinto. Este técnico, con un nivel muy bajo administrativo, apenas cosechaba unos 23.000 euros de su sueldo oficial.
Pero la Comunidad de Madrid, bajo mandato de Aguirre, usó un sistema para compensarle el bajo salario oficial: le otorgó impartir cursos en la Academia de Policía de la Comunidad, vía por la que la sumó otros 13.000 euros, una cifra que suponía casi la mitad de su nómina oficial como técnico del Gobierno de Aguirre.
La paradoja es que el principal sospechoso por ahora del espionaje perpetrado desde la Consejería de Interior ha actuado como instructor de los futuros agentes de las brigadas de policías locales que paga la Comunidad. Algunos de los agentes salpicados como presuntos autores de este escándalo ya reflexionan sobre si merece la pena asumir la autoría de un delito que, a tenor de la tipificación, apunta sobre todo a quienes se lo ordenaron desde la superioridad jerárquica.
