Azkarraga gestionó de modo anómalo las ayudas a los presos de ETA

El Departamento de Justicia y Empleo que en la pasada legislatura dirigía Joseba Azkarraga, de EA, siguió tramitando las ayudas a desplazamientos a las cárceles de los familiares de presos de ETA desde su Dirección de Derechos Humanos, aunque oficialmente el órgano gestor de esas prestaciones debía ser la Dirección de Familia, dependiente de la Viceconsejería de Inserción Social y Familia. Las solicitudes las examinaban y evaluaban técnicos adscritos a la Dirección de Derechos Humanos, a cargo de Jon Landa, dependiente de la Viceconsejería de Justicia, aunque la convocatoria y los pagos se realizaban desde Familia. El nuevo equipo de Justicia considera ésta una "circunstancia anómala", según fuentes del departamento que encabeza Idoia Mendia. "Si no es irregular, como poco resulta un procedimiento administrativamente extraño que sea personal de una dirección el que se ocupa de gestionar algo que compete a otra", indica el parlamentario socialista portavoz en la materia, Jesús Loza, ahora secretario primero de la Mesa del Parlamento.

Justicia traslada los expedientes al departamento de Gemma Zabaleta

En la Dirección de Derechos Humanos se ha encontrado el nuevo equipo socialista las solicitudes para las ayudas que Azkarraga dejó convocadas para este año. El ex consejero se adelantó varios meses a las fechas habituales de esa convocatoria para asegurar que el nuevo Gobierno se viese obligado a pagarlas. Lo hizo el 24 de marzo, ya en funciones, y una vez vislumbrado que los socialistas accederían al Gobierno. El Ejecutivo de Patxi López busca ahora una fórmula para no abonarlas, sin transgredir las obligaciones legales para la administración derivadas de la orden de Azkarraga.

El ex consejero hizo ver que las ayudas están publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco y "por tanto, no pueden anularse". Lo único que el nuevo Gobierno puede hacer, advirtió cuando se cuestionó su actuación, es "supervisar cada una de las solicitudes que se presenten y, en su caso, anular aquéllas que no reúnan los requisitos. No puede hacer nada más".

La Abogacía del Estado presentó ayer un recurso de súplica contra el auto del Tribunal Superior vasco que rechazó la pasada semana la suspensión cautelar de la orden que convoca las ayudas, por un montante de 225.081 euros. Supone el primer pasao para un posible recurso ante el Supremo.

El Gobierno, que originalmente repartía ese dinero desde la Dirección de Derechos Humanos, tuvo que modificar el procedimiento en 2007 por carecer de competencias en materia penitenciaria. Desde entonces lo realizó por la vía de las prestaciones asistenciales, aunque nunca aceptó aplicarles los mismos criterios y baremos económicos que rigen para la renta básica, las Ayudas de Emergencia Social (AES) o los desplazamientos por motivos sanitarios.

La comprobación ahora de que el traslado de las ayudas a la Dirección de Familia fue sólo aparente y a efectos de ubicación de la partida presupuestaria, ha llevado a Justicia a adoptar ahora una primera medida: trasladar los expedientes a su lugar natural, es decir, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, a cargo de Gemma Zabaleta.

El hecho dejaría al descubierto que el cambio introducido en 2006 en el decreto "fue sólo una pantomima, prácticamente un fraude de ley", opina Loza.

La diferencia que estableció ese cambio de ubicación de las ayudas reviste importancia. Ya no son subvenciones, sino pretaciones asistenciales y con la nueva Ley de Servicios Sociales ese tipo de ayudas genera derechos subjetivos, es decir, que se materializan con la simple solicitud en tiempo y forma de la ayuda de que se trate. Ello implica un nivel máximo de obligación de la administración en su abono. "El Gobierno va a seguir este asunto muy de cerca", indicaron fuentes cercana a Mendia.