Sorpresa en la recaudación

"Era una persona en la que se podía confiar". "Cuando había un problema era el primero en prestarte su ayuda". Los compañeros de oficina de los dos funcionarios de San Fernando (Cádiz) detenidos el pasado miércoles nunca sospecharon de ellos. Pero sólo sus nombres aparecían en la denuncia presentada en comisaría por el interventor y la tesorera tras la desaparición de casi medio millón de euros en metálico de la caja de recaudación donde ambos trabajaban.

El Ayuntamiento, gobernado por el PA y el PP, cree que ellos dos fueron los responsables de este desfase económico. La policía no lo tiene tan claro y ha decidido agotar el tiempo máximo de permanencia en los calabozos para recabar todas las pistas posibles antes de llevarles ante el juez.

"Si se confirma que fueron ellos, siento decepción", asegura el alcalde

¿Por qué dos trabajadores municipales con un cuarto de siglo en el cargo iban a robar de la caja? Ésa es la pregunta que se hacen muchos en San Fernando. "Ha sido una sorpresa para todos. No lo terminamos de entender. Hay que poner por delante la presunción de inocencia y exigir la máxima claridad para saber qué ha pasado", defendió ayer en nombre de la plantilla municipal isleña Jesús Catalán, delegado sindical de UGT.

Lo cierto es que los veteranos funcionarios, un hombre y una mujer, son los únicos que, de momento, están detenidos. Se sospechó de ellos en cuanto el interventor municipal, que realizaba un informe sobre el servicio de recaudación para una auditoría ordinaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía, detectó la falta de un importante montante económico. En la caja debía haber 488.000 euros, como diferencia entre ingresos y gastos de enero a marzo, pero sólo se encontraron 19.000.

El interventor y la tesorera acudieron a comisaría, tras dar a conocer los hechos al alcalde, el andalucista Manuel María de Bernardo. Pusieron la denuncia y dieron sólo dos nombres. Los de Clemente R.G. y los María J.L.D. Dos horas después ambos fueron detenidos. En los calabozos seguían ayer hasta que hoy pasen a disposición judicial. Deben hacerlo antes de las cuatro de la tarde, cuando culmina el plazo máximo que pueden pasar en comisaría.

Su declaración ante el juez se ha retrasado varias veces por la continua apertura de nuevas diligencias policiales. Al contrario que la denuncia municipal, los agentes no tienen tan claro que ellos sean los responsables de la falta del dinero. La arrestada ha explicado que más personas tenían acceso al metálico. Se sigue el rastro de las cantidades perdidas. Por eso ayer se realizaron registros en el domicilio y la inmobiliaria propiedad de Clemente, donde llegó a trabajar durante algún tiempo María.

La policía cree que la cantidad malversada puede ser mayor y que hay más delitos a los que se pueden enfrentar los responsables de esta desaparición de dinero público, entre ellos el de falsedad documental, con la agravante de su cargo como funcionarios.

El alcalde, Manuel María de Bernardo, conocía a ambos personalmente. "Siento tristeza. Se ganaron la confianza general. Si se confirma que fueron ellos, siento decepción", aseguró ayer tras anunciar que se incrementarán los medios para controlar el destino del dinero público.

Ayer Clemente volvió por unas horas a su casa mientras la policía la registraba. La investigación se centra en saber si la sustracción del dinero comenzó hace años. También se indaga si bien se sustraía en cantidades pequeñas, se falsificaban los documentos acreditativos, o bien el dinero era devuelto antes de que nadie percibiera su falta. También trata de aclarar si existe alguna relación con la empresa inmobiliaria. Él se ha resistido a dar explicaciones ante la policía.