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El rechazo de 17 municipios deja en el aire 12.000 viviendas sociales

El Gobierno topa con multitud de objeciones a los nuevos ensanches previstos

Es uno de los proyectos estrella del Gobierno catalán, pero también uno de los que más polémica suscita en el territorio. Un total de 17 municipios han rechazado ya las áreas residenciales estratégicas (ARE), los ensanches de nueva construcción que deben albergar 90.000 pisos, la mitad protegidos. En estas localidades había proyectadas más de 12.000 viviendas. Fuentes de la Generalitat explican que prevén aprobar el 50% de los planes este mes, aunque no precisan si quedarán fuera los proyectos que han topado con la negativa local.

Los vecinos de Tordera dieron un no rotundo, del 88%, al ARE del municipio el domingo. Antes también votaron en contra, en sendas consultas, Ripoll y Sant Celoni. Y localidades de todos los signos políticos han trasladado ya al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas que no quieren contar con estos proyectos. Lo han hecho municipios con alcaldes del PSC (Vilanova i la Geltrú, Cambrils), CiU (Banyoles, La Roca del Vallès) y ERC (Ripoll, Manlleu). En junio de 2008 ya habían quedado fuera del planeamiento varios ARE rechazados por cinco ayuntamientos.

Los consistorios esgrimen varios argumentos para negarse a albergar un ARE. Los más comunes se basan en la convicción de que el planeamiento desbarajusta sus previsiones demográficas o, como en el caso de Cambrils, en considerar un retroceso la construcción de más pisos cuando tienen cientos sin vender.

No obstante, fuentes cercanas a la Generalitat, que han seguido las negociaciones con los ayuntamientos, aportan otra razón que los consistorios difícilmente hacen pública. A los gobiernos locales, dicen, les cuesta explicar a su electorado que una parte de los pisos (los que prevé la ley) deben reservarse a gente de otras localidades. Y en casos como el de Cambrils y La Roca, agregan, ha circulado con rapidez el tópico de que "los pisos irán a gente de fuera".

El alcalde de La Roca, Rafael Ros (CiU), explica que no le molesta la llegada de foráneos, aunque "la gente del pueblo es la prioridad". "Existe la oposición al ARE de todo un barrio, del gobierno local, del PSC y de ICV... En plena crisis, es inviable", afirma. En Manlleu, otro gran desarrollo parado, la oposición llegó de entidades vecinales y ecologistas y partidos. La Plataforma per Catalunya azuzó todavía más los ánimos de la población, comparando estos barrios con guetos. Afirmó que los pisos irían a inmigrantes y gente del barrio de la Mina, e incluso que Manlleu se convertiría en una ciudad como Ceuta y Melilla.

Los disgustos para la Generalitat no terminan aquí. En Cerdanyola del Vallès, por ejemplo, el proyecto de ARE no ha podido pasar por el pleno porque ICV no cuenta con el apoyo de sus socios de CiU. A su vez, varias localidades están reclamando una menor densidad, es decir, menos pisos. Y CiU ha solicitado en el Parlament que se retiren las ARE de Reus, Les Borges Blanques, Lleida, Tarragona y Ripoll. En muchos casos, porque opina que ahora no se puede inundar el mercado de pisos. El Ejecutivo lo ve al revés. "Si no lo hacemos, cuando venga otra expansión no tendremos instrumentos para pisos sociales", dicen fuentes de Medio Ambiente y Vivienda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de marzo de 2009