El Consell apuesta por el apagón informativo

El Consell presidido por Francisco Camps ha impuesto un estricto apagón informativo que merma la capacidad de acción de la oposición parlamentaria y la transparencia en la gestión de los fondos públicos. La amplia mayoría absoluta que disfruta el PP en las Cortes Valencianas y la ausencia de leyes que garanticen la transparencia informativa han convertido el Parlamento autonómico en una mera comparsa de la gestión del presidente de la Generalitat y los registros públicos en un elemento de oscurantismo. Las cámaras, los focos y los taquígrafos se agolpan en las tribunas de las Cortes cuando comparece el presidente. Cuando Francisco Camps abandona su "teatrillo", en palabras de un responsable del Grupo Socialista, impera el argumentario y la opacidad. Cualquier interpelación recibe una respuesta de manual. Casi todas las preguntas quedan sin respuesta.

La oposición exige saber cuántos informes y para qué se contratan

En Cataluña, el gobierno informó al detalle; el Consell remite al Síndic

Los gastos del viaje del Papa siguen sin saberse dos años y medio después

Font de Mora hace bromas para no desvelar el número de barracones

José Camarasa, diputado socialista por Valencia, tuvo la osadía de reclamar las actas de las reuniones del consejo de administración de dos sociedades públicas, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana. La primera, presidida por el vicepresidente segundo Gerardo Camps, la segunda, por el vicepresidente primero Vicente Rambla.

Nunca recibió respuesta. Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, tuvo un momento de inspiración en favor de la tarea de fiscalización del Gobierno que deben ejercer los diputados de la oposición y decidió conceder su amparo a José Camarasa, una fórmula que implica una especie de toque de atención al Consell para que se pliegue los requerimientos de la oposición.

Una y no más. Ni el Consell atendió en absoluto al amparo que la presidenta de las Cortes concedió a Camarasa ni Martínez tuvo la ocurrencia de ejercer una prerrogativa de índole más moral que otra cosa.

Ni siquiera cuando Glòria Marcos, entonces diputada del Grupo Compromís y hoy diputada no adscrita, reclamó las cuentas de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, una fundación pública constituida para cubrir los gastos de producción de la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Las cuentas no habían sido depositadas, según el registro de fundaciones públicas. O sí, según Gerardo Camps, vicepresidente económico, pero todavía no habían sido trasladadas a los documentos accesibles al público. Un supuesto problema de orden interno impidió el acceso a esas cuentas, hasta la fecha.

El socialista José Camarasa también intentó sacar a la luz pública el coste de la visita papal para el erario público, que se estimó inicialmente en unos 20 millones de euros. Una pregunta formulada el 11 de agosto de 2006 recibió respuesta el 26 de octubre. La Consejería de Presidencia aseguró haber gastado 10.417 euros a raíz del viaje del Papa, de los que 9.960 correspondían a los servicios prestados por la agencia de viajes de El Corte Inglés.

Camarasa reclamó "conocer, expresamente, el detalle y los conceptos de los servicios realizados, así como el coste diferenciado de cada uno de ellos". Rambla replicó que el desembolso de dinero público correspondió "a la organización de gastos propios que tuvieron lugar en la ciudad de Valencia con motivo de la visita" del Papa. No detalló ni servicios ni fechas ni coste de cada factura.

Sistemáticamente, el Consell se escuda en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para no dar las cuentas. Los números deben ser depositados por la fundación -que integran la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia- en el registro público de la Consejería de Justicia. Sin embargo, no es posible consultarlos. Conclusión: dos años y medio después de la visita de Benedicto XVI no se sabe cuánto dinero público se invirtió en este "evento".

El oscurantismo del Gobierno valenciano frente a las peticiones de información pública no es una excepción en la Administración española, pero sí la practica con mayor intensidad que en otras autonomías.

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas tiene la constatación. A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno catalán, que preside el socialista José Montilla, se vio envuelto en un escándalo por la contratación de más de un millar de informes de distinta índole, por los que se pagaron cientos de miles de euros, a personas afines al tripartito. Las informaciones fueron consecuencia de una pregunta del portavoz popular en el Parlamento catalán, Daniel Sirera.

El parlamentario del PP interrogó al Gobierno catalán en la primera semana de enero de 2008 sobre "los estudios, los trabajos técnicos, los documentos y los informes encargados a personas ajenas a la Administración durante 2007".

La respuesta tardó dos meses, pero el consejero catalán de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, respondió con una respuesta concisa a la pregunta y un anexo de docenas de folios en los que figuraban, pulcramente ordenados, los departamentos que habían encargado informes, a quién, por qué concepto y la cuantía del mismo.

Tras el escándalo de los informes en Cataluña, el Grupo Socialista se interesó por esta cuestión en el Gobierno valenciano. Y el 9 de abril, Camarasa realizó al Consell la misma pregunta que el popular Sirera había realizado al Ejecutivo catalán. Sólo introdujo un matiz. Amplió la petición de información de 2007 a los años 2004, 2005 y 2006.

Un mes más tarde, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Gerardo Camps, solicitó a la Mesa de las Cortes una prórroga de 15 días en el plazo ordinario para responder a la petición del socialista José Camarasa. Y la prórroga le fue concedida.

Los 15 días se alargaron hasta el 18 de noviembre pasado. Y la respuesta fue escueta, como la del consejero catalán, pero sin anexo. "Los estudios, trabajos técnicos, documentos e informes por los que se interesa el ilustre diputado, han sido objeto de fiscalización por la Sindicatura de Comptes, que actúa por delegación de las Cortes, y dicha fiscalización ha sido rendida ante la Cámara a través de informe que, en cada una de las anualidades reseñadas en la pregunta, presenta la institución".

La auditoría de la Sindicatura no recoge la relación de estudios, trabajos, documentos e informes contratados, ni su importe, ni a quién se han encargado. La Sindicatura se limita a analizar una serie de contratos, elegidos aleatoriamente, y advierte tan sólo de las principales irregularidades detectadas. Conclusión, como no hay respuesta, no hay polémica y es materialmente imposible fiscalizar adecuadamente la gestión del Consell que preside Francisco Camps. Una pregunta que en Cataluña hizo correr ríos de tinta, en la Comunidad Valenciana quedó enterrada en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas.

No es un caso único. El diputado socialista Antonio Torres lleva ocho meses esperando una respuesta del Consell sobre un acuerdo alcanzado por el Ejecutivo valenciano en enero de 2008. La decisión del Gobierno que dirige Francisco Camps tomada a principios del año pasado supuso una modificación en las condiciones de un concurso público relativo a la subvención de plazas de residencias de la tercera edad (las llamadas de accesibilidad social). Torres realizó una pregunta parlamentaria el pasado 29 de abril en la que solicitó una copia de este acuerdo. Al no recibir respuesta, se dirigió en septiembre a la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, para pedir su amparo y este documento. En ninguno de estos dos casos ha recibido respuesta. Y ello a pesar de que la medida anunciada en enero contó con una amplia difusión por parte del Consell.

"No entiendo esta dilación", comenta Torres, "sólo pido una copia de un acuerdo del Consell, un documento que debería ser público", se lamenta. "Si a principios de año no me remiten este escrito, tendré que acudir a instancias judiciales para reclamarlo", indica.

Si los diputados autonómicos se ven abocados a acudir a los tribunales para cumplir su tarea es que algo no funciona. La opacidad se alimenta a sí misma y se convierte en un hábito. Los miembros del Consell llegan a permitirse algunas bromas. Glòria Marcos intentó saber cuántos barracones había en el sistema educativo público. Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, fue al diccionario, comprobó que un barracón es una "caseta tosca" y respondió que ningún alumno matriculado en una escuela pública estudia en una "caseta tosca".

El hábito de la opacidad genera vicios que se extienden a todas las instancias. La Mesa de las Cortes, el órgano que canaliza la actividad parlamentaria, se ha negado a tramitar preguntas del diputado socialista Francesc Signes sobre el estado de ejecución de las obras previstas por el plan de prevención de inundaciones, Patricova, porque esa información afecta a particulares, a los contratistas de cada una de las obras. El mismo argumento, llevado al extremo, haría completamente imposible la fiscalización de las tareas del Gobierno. Y esa es la senda elegida por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para sortear cualquier posible crítica.