El 'modelo Alzira' se expande

Hace 10 años, el 1 de enero de 1999, el hospital de la Ribera abrió sus puertas e hizo historia. Fue el primer centro público de España gestionado por una empresa bajo concesión administrativa, la misma fórmula que se emplea, por ejemplo, para la explotación de las autopistas de peaje. Su concepción respondió a una curiosa paradoja: recurrir al sector privado para mejorar la eficiencia del sector público. Una década más tarde, sobre esta contradicción, el conocido como modelo Alzira no sólo se ha convertido en el estandarte de la política sanitaria del PP, sino que, tras consolidarse, no ha parado de crecer casi sin oposición.

La fórmula se ha extendido a Torrevieja (2006), Dénia (en apertura progresiva desde hace semanas) y, si se cumplen los planes, a Manises y Elche-Crevillente, este mismo año. Entonces, habrá 845.000 valencianos -uno de cada seis- cuya sanidad al completo -desde su médico de cabecera hasta su hospital de referencia- estará en manos de una empresa. Pero además, el modelo se ha exportado. En Madrid ya existe un hospital hermano del de Alzira, en Valdemoro, y otros cuatro en cartera: Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles.

Las empresas que gestionan el centro ganaron en 2007 3 millones de euros

Uno de cada seis pacientes estará bajo este modelo a final de año

Atrás han quedado las intensas críticas por parte de asociaciones de defensa de la sanidad pública, partidos y sindicatos, y la polémica sobre la privatización de parcelas públicas que persiguió al hospital durante sus primeros años de vida. Muchos de los pacientes que acuden al centro, como Rosa y Miguel, que acaban de visitar a su nieta recién nacida, son tan ajenos a este debate que incluso ignoran que la gestión corra a cargo de un centro privado. "No teníamos ni idea", apuntan a unos metros de la puerta principal. Como ellos, según una encuesta del propio hospital, hasta el 80% de los pacientes desconoce el tipo de gestión. Y no es extraño. No hay ni una sola referencia o logotipo de la unión de empresas que gestiona el hospital y toda el área de salud de La Ribera. La única marca autorizada es la Consejería de Sanidad.

Otros vecinos, como Adam Lang, de Alzira, conocen la fórmula de gestión, y no les parece mal: "Si me tratan bien", reconoce, un argumento al que suele echar mano Sanidad cuando sostiene que a los pacientes "les da igual la gestión pública o privada, lo que les interesa es que les atiendan adecuadamente".

Pero también hay quien no sólo conoce la naturaleza del centro, sino que le echa las culpas de algunos de los problemas que han tenido. "Se nota porque te dan muy pronto el alta", apunta Virgilio García, de Cullera, a cuya mujer operaron por unos quistes en las mamas y "a los dos días ya estaba en casa, con el drenaje puesto".

Estas opiniones son las que alimentan la pregunta que ha perseguido siempre al modelo ¿es posible conciliar la mejor asistencia sanitaria con la obtención de beneficios económicos?

Para el gerente del centro, Manuel Marín, la cuestión está fuera de toda duda. "Buscamos la eficiencia en la gestión, pero por encima de todo, la calidad en el trato a los pacientes". Y añade: "Se puede dar un buen servicio, gestionar bien, ser eficientes y ahorrar". Marín remite a los resultados económicos -"llevamos sólo dos ejercicios con beneficios", apunta- para justificar que el principal objetivo no es el económico. Según la cuenta de resultados de 2007, se obtuvieron 3,1 millones de beneficios, el 1,8% de la facturación.

La principal fuente de financiación del hospital, participado por Adeslas (51%), Bancaixa y la CAM (45%), y Dragados y Lubasa (4%) es el canon que recibe de la Generalitat por prestar atención sanitaria a los vecinos de la comarca: 571 euros anuales por cada uno los 250.000 habitantes de La Ribera. Pero, además cobra de la Generalitat por cada paciente foráneo. De ahí las acusaciones de saturación del centro, la última a mediados de diciembre por parte del comité de empresa, por una política de atracción de clientes que la dirección niega.

Para analizar estas circunstancias y otras posibles distorsiones que puedan derivarse de estos nuevos modelos, la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha encargado un informe. "Se trata de comparar las fórmulas de gestión que están aplicando las comunidades autónomas", apunta la diputada socialista Pilar Grande. Y así responder con argumentos al interrogante clave: saber si la decisión última hacia los pacientes "está basada en criterios económicos o de salud".