¿Veguerías? De momento no, gracias

A pesar de que el Gobierno de la Generalitat todavía no ha aprobado los presupuestos, conocemos sus coordenadas, así como la orientación que deberá darles. El horizonte de recesión económica reconocido por el mismo consejero Castells junto con la ausencia de un nuevo modelo de financiación auguran una severa contención del gasto. Priorizar correctamente es ahora, más que nunca, una cuestión fundamental.

En este contexto no debe extrañarnos que tanto el presidente Montilla como algunos consejeros hayan empezado a dar señales claras respecto a la ineludible contención presupuestaria. Sin ir más lejos, en el transcurso del último debate de política general de hace un par de semanas, el mismo presidente anunció la prolongación de los plazos de cumplimiento de algunos compromisos de su Gobierno en el plano social. En la misma dirección van encaminadas las declaraciones del consejero Nadal con relación a determinadas infraestructuras, y la valiente reflexión reciente de la consejera Geli sobre el copago de los servicios sanitarios.

Si no podemos reducir la Administración, sería positivo que intentásemos no ampliarla

Como en una economía familiar, las opciones del Gobierno ante la actual coyuntura son fundamentalmente tres (siempre que descartemos, por responsabilidad, la de seguir igual, como si no pasase nada): puede ajustar el gasto a unos ingresos menguantes, puede endeudarse para mantener el mismo nivel de gasto o bien puede combinar ambos criterios, haciendo un esfuerzo de contención del gasto donde sea más factible y acudiendo al endeudamiento para las actuaciones que considere imprescindibles para garantizar la cohesión social o para crear las condiciones necesarias que nos ayuden a superar la crisis.

En este contexto de correcta priorización del gasto es donde quisiera situar un debate que ya hace años que planea sobre la política catalana y que aparece cíclicamente en la agenda gubernamental. Me refiero a la organización territorial y, en particular, a la creación de las veguerías. Estatuto en mano, la veguería tiene una doble naturaleza: por una parte es un ente local de cooperación, y por otra, es el ámbito de descentralización de la Generalitat. Como ente de cooperación local, la veguería ha de sustituir a la Diputación, mientras que, como ente de descentralización, abarca las diferentes delegaciones o servicios de la Generalitat en el territorio.

Esta doble naturaleza de la veguería nos conduce al riesgo (muy cierto si nos atenemos a las últimas declaraciones del consejero de Gobernación) de desarrollar sólo la parte de la veguería que está relacionada con la descentralización de la Generalitat, dejando para no se sabe cuándo la que tiene relación con la Administración local, ya que, conforme al Estatuto, requiere la desaparición de unas diputaciones poco dispuestas a autoinmolarse. Éste es un escenario que no podemos asumir. Cataluña no se puede permitir implantar las veguerías por muy estatutarias que sean si no se hace a partir de la desaparición total y simultánea de las diputaciones. La crisis nos obliga, más que nunca, a una gestión realmente eficiente de los recursos públicos. El país no requiere más Administración.

Por ello estoy convencido de que debe existir un término medio entre la sabia decisión del Gobierno belga, que, ante una situación de crisis, optó en 1975 por reducir su Administración pasando de 2.793 ayuntamientos a 589, y la amplia reacción contraria de la mayoría de los ayuntamientos catalanes ante una propuesta semejante del llamado Informe Roca sobre organización territorial. Si no podemos reducir la Administración, sería positivo que, por lo menos, intentásemos no ampliarla. El país y los contribuyentes nos lo agradecerán. Racionalizar la Administración es apostar por la competitividad, una buena receta en tiempos de crisis.

Ramon Espadaler Parcerisas es presidente del consejo nacional de Unió Democràtica y diputado de CiU en el Parlament