El relevo afecta al debate de política general

Fernando de Rosa será elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial en sendas votaciones en el Congreso y el Senado los próximos 16 y 17 de septiembre, una de las fechas posibles para celebrar el debate de política general que abre el curso parlamentario en las Cortes Valencianas. Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, aplazó ayer hasta nuevo aviso la convocatoria de la Junta de Portavoces que debía fijar hoy el calendario de sesiones. Los socialistas apostaban por celebrar lo antes posible la primera sesión plenaria, pero el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no acudirá a rendir cuentas sobre su gestión sin haber resuelto la crisis del Consell que implica la salida de De Rosa.

Los socialistas valencianos celebran su congreso nacional a partir del 26 de septiembre. Deben elegir un secretario general entre cinco candidatos posibles. Es costumbre evitar las sesiones plenarias en las Cortes cuando los partidos afrontan procesos internos. Sería demasiado fácil para el presidente de la Generalitat negar cualquier representatividad al portavoz del primer partido de la oposición.

Todo apunta a que el primer pleno de las Cortes arrancará el último día de septiembre, inmediatamente después del congreso socialista y cuando el presidente de la Generalitat pueda aparecer arropado por un flamante equipo, nuevo y, sin duda, austero.

La presidenta de las Cortes anuló la Junta de Portavoces que había convocado hoy unos minutos después de entrevistarse con Ricardo Costa, portavoz del PP. El gesto despertó las iras de la oposición parlamentaria. Costa argumentó que el PP persigue "que se implique, al menos, el primer partido de la oposición" para acordar el calendario antes de reunir la Junta de Portavoces. Pero puso una condición para alcanzar ese acuerdo con los socialistas: "Debe incluir el nombramiento del Síndic de Greuges". Un nombramiento pactado en abril pasado pero "congelado" por los socialistas, en palabras de su portavoz, Ángel Luna, hasta que se les permita acceso a información sobre determinadas empresas públicas "tal como establece el Estatut, la ley y el Reglamento de las Cortes".

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, denunció, por su parte, que "el lenguaje y la actitud del PP, utilizando las instituciones como moneda de cambio es inaceptable".