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Guipúzcoa pide a los jueces que aceleren las causas con menores inmigrantes

Los acusados de un ataque sexual en San Sebastián aún no han ido a declarar

La Diputación de Guipúzcoa se considera "la primera preocupada por la alarma social" creada tras conocerse dos casos de agresión sexual, uno en Villabona y otro en San Sebastián, cometidos en las últimas fechas por menores extranjeros tutelados por la institución foral. Pero dicho esto, y tras insistir en que suponen "una pequeña minoría" los que generan problemas en perjuicio de sus propios compañeros, el Departamento de Política Social, que tutela a 160 menores inmigrantes, aseguró ayer a EL PAÍS que se siente atado de pies y manos. "Lo único que podemos hacer es cumplir las leyes y acatar las decisiones judiciales. No nos queda otro margen", subrayó el director de Infancia y Juventud, José Ignacio Insausti. Por eso, reclamó mayor celeridad a los jueces a la hora de tomar medidas contra estos menores y pidió una reflexión sobre posibles modificaciones en la actual legislación.

Gasco propone echar a los menores que cometan delitos sexuales

Insausti recordó que el ente foral no puede decidir por sí solo el internamiento de menores en centros de reforma, de carácter cerrado. Esa decisión le corresponde al juzgado, igual que decretar o no el reagrupamiento familiar de los menores en sus países de origen (lo que supone expulsarlos de España), una medida que la Diputación insiste en reclamar cuando son conflictivos. El Departamento de Política Social, agregó, tampoco puede retener a los menores en los centros de régimen abierto, donde residían los siete jóvenes implicados en las dos citadas agresiones, como castigo por incumplir normas como los horarios establecidos.

Con estas explicaciones sobre la mesa, Insausti apeló a la colaboración entre instituciones. "La progresiva llegada de menores extranjeros ha desencadenado un problema de difícil solución a la Diputación. Episodios como los ataques de Villabona y San Sebastián [ambos de madrugada] ponen de manifiesto que los servicios forales necesitan de mayor implicación de otras administraciones".

La colaboración judicial resulta "básica" y, además, debe ser más rápida, insistió. "La celeridad en la adopción de medidas judiciales es fundamental para el sostenimiento del propio sistema de protección" y para que los menores que cometen cualquier tipo de infracción no se sientan "impunes".

Dos de los cuatro menores detenidos en Villabona el 27 de julio han ingresado ya en un centro de reforma por orden judicial. Los otros dos permanecen en libertad vigilada. Sin embargo, los tres chicos que presuntamente agredieron a una mujer en la Parte Vieja donostiarra la madrugada del pasado día 3, aún no han sido llamados a declarar al juzgado.

Insausti también hizo un llamamiento a quienes tienen "capacidad legislativa" para que modifiquen "todo aquello" que les está generando "disfunciones". El concejal donostiarra de Seguridad Ciudadana y diputado del PSE, Ernesto Gasco, se mostró más explícito y planteó estudiar una modificación del marco legal para poder expulsar de España de forma automática a los menores extranjeros que cometan delitos sexuales.

Los grupos de la oposición en las Juntas guipuzcoanas exigieron ayer explicaciones a la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, así como la toma de medidas. EB reclamó su comparencia en el Legislativo provincial, al igual que Aralar, que demandó un cambio en el modelo de integración de los jóvenes tutelados. El PP afirmó que son precisos más recursos materiales y humanos. Y el PSE apuntó que la Diputación "no puede escudarse sólo en la acción de la justicia" y debe adoptar "un papel educativo más activo para paliar estas conductas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2008