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La calle Diputació encalla en Sants

El Ayuntamiento aplaza sin fecha el enlace de la calzada con la Gran Via

La calle de la Diputació enlazará con la Gran Via a costa de marear a vecinos y comerciantes de Creu Coberta, en el barrio barcelonés de Sants. La vía, que ahora muere en la calle de Tarragona, debe abrirse paso para rodear la plaza de Espanya, una distancia de 300 metros bloqueada por un grupo de edificios.

"Cada día miro el buzón. Sin carta, no hay derribo", dice un comerciante

El pasado octubre, el Ayuntamiento avisó a los inquilinos de que demolería los inmuebles de forma inminente. Diez meses después, las excavadoras siguen sin llegar. Y los comerciantes contienen el aire cada mañana hasta comprobar que su local sigue en pie. "Cualquier día encontraré el edificio derribado y yo en el paro. Así vamos tirando desde hace ocho años, cuando me contrataron", bromea José, de 34 años, camarero resignado de un bar en espera del derribo.

El objetivo del plan es descongestionar el tráfico en una zona que se prevé desbordada cuando se inaugure el centro comercial de Las Arenas, en 2010. El proyecto data de 1976, pero no tomó cuerpo hasta finales de los noventa. "Llevamos décadas esperando ver la excavadora en cualquier momento", añade risueño José, algo satisfecho porque este verano habrá tregua: una de las tiendas, Lacoste, recibió permiso municipal para adquirir ropa para la colección de invierno. La noticia corrió entre los negocios como señal de que la demolición no llegará antes de febrero. Las pesquisas delatan lagunas de información que se extienden desde los vecinos hasta el distrito de Sants. "No podemos precisar nada", apunta un responsable municipal del barrio.

Desconocen que ha habido otra vuelta de tuerca al proyecto. Éste se ha embrollado después de que el Consistorio modificara el plan a principios de año. La calle de la Diputació necesita superar dos edificios para alcanzar Creu Coberta. Otros dos bloques quedan afectados: deben ser sustituidos por un edificio de viviendas de promoción privada y otro de equipamientos. Ambos inmuebles pertenecen a la promotora Sastre, a la que el Ayuntamiento encargó la demolición y la posterior construcción del edificio residencial.

A principios de año, con el derribo en ciernes y todos los flecos atados, el Ayuntamiento optó por un cambio de cromos: el bloque antes destinado a acoger equipamientos será ahora el residencial, y viceversa. "Así todos los establecimientos serán más aprovechables", aduce un responsable de la empresa municipal Bagursa (Barcelona Gestión Urbanística, SA) para justificar el trueque de última hora. De ahí el retraso, porque la modificación obliga a ajustes legales que pueden alargarse más de 12 meses. Nadie, sin embargo, se atreve a ponerle plazo. "No hay fecha", se limita a señalar la inmobiliaria Sastre.

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Hay otros motivos que admite Bagursa: con el nuevo reparto, a Sastre le toca algo más de pastel. El bloque antes destinado a pisos dispondrá de menos extensión y número de plantas que el actual. "La promotora ha ganado algo de superficie, pero el cambio busca obtener un plan más racional", sostiene Bagursa. Fuentes cercanas a la negociación indican que la inmobiliaria presionó para replantear el proyecto, aunque Bagursa rechaza tal extremo.

De cualquier modo, el retraso mantiene en vilo a los comerciantes, que llevan años acogiendo a clientes entre bloques destartalados. El Ayuntamiento mantiene la prohibición de hacer reformas desde los años noventa por tratarse de edificios pendientes de demolición. El veto no ha ahuyentado al grupo de okupas que se instaló en el inmueble el pasado enero. Los comercios aguantan, porque vivir en el alambre tiene sus ventajas. No pagan alquiler desde octubre, cuando el Ayuntamiento suprimió las cargas arrendatarias por la cercana llegada de las excavadoras. A cambio han desarrollado su propia picaresca para calcular cuánto les queda antes de la demolición.

Tofique, gerente del restaurante indio del número 26, es el principal altavoz de los locales afectados. Su contrato de alquiler, firmado hace tres meses y bordeando la legalidad, estipula que el propietario debe avisarle del cierre con tres meses de antelación. "Cada día miro si hay carta. Si no hay, hemos ganado otro día", explica en un precario castellano. Y si no hay misiva, corre la voz al supermercado paquistaní anejo a su local. Karim, que lo regenta, no quiere saber nada del tema. "El del restaurante lo sabe todo y me tiene al corriente", certifica.

El resto de los locales son textiles y su instinto de supervivencia se mueve por temporadas. Ahora han avanzado hasta el invierno, queda por ver si pedirán género para el otoño. La costumbre echa el resto. "Llevamos así desde que nací y cada semana parece la última. Uno se acostumbra", tercia la hija de Carme, la dueña de la tienda Lacoste.

Muchos temen que la espera haya sido en balde. El tramo sur, que empalma Creu Coberta con la Gran Via, ya se abrió a principios de año. Aún no ha sido urbanizado, pero tampoco lo será al nivel que requiere el tráfico. Un generador eléctrico bloquea el paso, trazando un cuello de botella que impide abrir más carriles. "No es lo que nos vendió el Ayuntamiento. Las obras debían pacificar el tránsito y así no lo harán", lamenta Lluís Llanas, presidente de la asociación de comerciantes de Creu Coberta. Bagursa reconoce que la calle se asemejará más a una travesía de barrio que a una de ciudad. "No descongestionará toda la plaza de Espanya", señala un directivo de la empresa. El inconveniente lo salda con un enésimo cambio de planes: "Será suficiente. El objetivo inicial tampoco era desviar todo el tráfico de la zona". Ha llovido demasiado desde 1976.

El Rei de les Gorres, el único negocio afectado por el plan urbanístico de la calle de la Diputació, cerrará el próximo octubre.
El Rei de les Gorres, el único negocio afectado por el plan urbanístico de la calle de la Diputació, cerrará el próximo octubre.MARCEL·LÍ SÀENZM. SÁENZ

Negociar a golpe de cartel

Las goteras han podido con El Rei de les Gorres. La sombrerería más antigua de Barcelona, abierta en 1907, es el único comercio afectado por el plan urbanístico que ha decidido echar el cierre. No fue sencillo: el acuerdo llegó tras una espesa negociación que dirimió un cartel en el escaparate: "Local sometido a mobbing inmobiliario". "El Ayuntamiento nos ignoraba", explica el marido de Rosa Ferrer, de 60 años y propietaria del local, que heredó de su padre. La rebotica de la tienda, plagada de cubas y palanganas, evidencia los contratiempos que desalentaron a Ferrer. El abandono se forjó con las lluvias de mayo: a medida que Cataluña remontaba la sequía, la tienda de Ferrer agonizaba como lodazal.

Sin posibilidad de hacer reformas, Ferrer pidió ayuda al Ayuntamiento. Nada. Entonces pasó al contragolpe en forma de cartel, que aún cuelga del escaparate. "Pasaron de darnos largas a pedirnos hora", explica el marido de Rosa. El cartel se colgó a mediados de junio; el asunto quedó zanjado a primeros de julio. Renegociación de la indemnización y un acuerdo para abandonar el negocio en apenas dos meses. Cuando regresen de vacaciones, Rosa y su marido reemplazarán la denuncia de mobbing por otro cartel: "Liquidación total por cierre".

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