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Reportaje:

Cuando el pacificador se cree el amo

Las denuncias de abusos salpican a 'cascos azules' y personal de ONG - A pesar de los controles, algunos sacan provecho en el caos

Detrás de una historia de cooperantes y cascos azules no sólo hay eso, cooperación y búsqueda de paz. Hay personas que arrastran su origen, su tradición, su sentido (o falta) de ética, su dinero y unas costumbres que chocan con las del país de destino. Y, a veces, delincuentes que traspasan la barrera y sacan partido en el caos. Ni la ONU ni las ONG escapan de las denuncias de abuso sexual contra niños locales. La fórmula es demasiado sencilla: el poder de unas monedas más la sensación de impunidad.

El único requisito para entrar en las fuerzas de paz es ser soldado

La ONU sólo puede recomendar que se repatrie a los culpables

Los niños tienen miedo a contar los abusos en medio del conflicto

Save the Children subraya la falta de mecanismos reales para denunciar

Chica de 15 años. Haití: "Nos llamaron y nos enseñaron sus penes. Nos ofrecieron 100 gourdes (1,80 euros) y un poco de chocolate si los chupábamos". Tres chicos de 14 años. Costa de Marfil: "Trabajamos en un campo de las fuerzas de paz vendiendo esculturas y joyas. A veces nos pedían que les buscáramos chicas. Especialmente de nuestra edad. Con frecuencia eran entre 8 y 10 hombres que iban a compartir dos o tres muchachas. Hacemos esto porque obtenemos beneficios, como dinero, camisetas, relojes y zapatillas de deporte".

Detrás de estos dos relatos no hay nombres, sí hambre, conflictos armados y Estados reventados. Y una enorme dependencia de la ayuda internacional, militar y civil, que llega de la mano de enviados que a veces cometen abusos. En países donde el poder consiste en una tableta de chocolate, un par de huevos de gallina o un dólar en el bolsillo, no se suelen denunciar.

"No siempre es fácil manejar el estatus que adquieres", dice un médico español cooperante en Sierra Leona. "Llegas al país y tienes hasta jardinero. Si vas en un coche de la ONU o de una ONG la policía no te para jamás".

A los países que envían personal humanitario o soldados a zonas en estado de emergencia les preocupa la seguridad de sus nacionales. "Pero esa necesidad de proteger a todo el aparataje humanitario acrecienta la distancia con la población local: viven en complejos especiales rodeados de seguridad, a veces con toque de queda. Además, la desigualdad de salarios de los expatriados respecto a los locales, incluso dentro de la misma organización, es muy alta. Van a locales de ocio, restaurantes y lugares de los que el resto está excluido", comenta Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. "La propia ONU ha vinculado el aumento de la prostitución a lugares donde hay una alta presencia de cascos azules. La actitud del que ayuda también es importante: tienen un escaso conocimiento del país al que van".

La oficina británica de la organización humanitaria Save the Children, con proyectos en un centenar de países, ha publicado un informe sobre abusos sexuales a niños y adolescentes por parte de personal de ONG y de soldados de la ONU que denuncia la falta de mecanismos eficaces para que los casos salgan a la luz, para prevenirlos y para que no queden impunes. Se basa en testimonios de 250 menores recogidos el año pasado en Costa de Marfil, Haití y Sudán. De entre 10 y 17 años. La mayor parte de las víctimas de agresiones sexuales son niñas.

"Imagínate que tienes seis años", propone el portavoz de la ONG, "que vives en un campo de refugiados. Tus padres están muertos, asesinados en una brutal guerra. Tú confías en la bondad de los extranjeros para alimentarte, para protegerte y para mantenerte con vida. Quizá hablan otro idioma. Y luego abusan de ti. ¿Cómo lo denuncias? ¿A quién? Temes que te hagan daño si lo cuentas. Que dejen de darte comida. Quizá incluso pienses que es normal".

Esto es una hipótesis sustentada en el informe, pero la realidad que se encontró Eduardo Bofill en Liberia, entre 2005 y 2006, resulta meridianamente similar. Él estaba allí como psicólogo cooperante del Servicio Jesuita para los Refugiados (JRS, en inglés) en West Point, el barrio más pobre de Monrovia. Trabajaba con niños de la calle. La de Liberia era entonces una de las mayores misiones de la ONU. Como la de Congo ahora. El general senegalés Babacar Gaye es comandante en jefe de las Fuerzas de la Misión de la ONU en la República Democrática de Congo (MONUC). Gaye está al mando, desde 2005, de 17.083 soldados, de los que 300 son mujeres. "La población conoce la MONUC", explica el general desde Kinshasa. "Sabe dónde estamos y, si se produce un caso, pueden venir aquí o a la policía de Congo, que tiene relaciones con nosotros".

En opinión de Bofill, las cosas, al menos en Monrovia, no funcionaban con esa fluidez: "Había oficinas para denunciar, pero entre la chabola a 40 grados y la oficina con aire acondicionado hay una distancia abismal: en kilómetros, en situación emocional y en cultura". Por su experiencia, sabe que "tras una guerra, la gente no tiende a alzar la voz, sino al contrario. Si además eres un niño y la agresión viene del poder, es casi imposible que acudas a ellos. Lo grave es que piensan que no tienen derecho; se dicen 'algo habremos hecho".

La vulnerabilidad de los niños en medio del caos es extrema. Es tan obvio como cruel. -¿Cómo era la relación entre los cascos azules y la población? "Un duelo de marcianidades. Manejan códigos distintos. Los soldados no son una ONG. Muchos venían a buscarse la vida seis meses, con sueldos que en su país no cobrarían ni en sueños. Los suecos o los irlandeses debían de estar en oficinas, porque los que veías en la calle no hablaban inglés. Era como el ejército de los desarrapados. Con la ausencia de Gobierno, la sensación de impunidad existe. '¿Que me apetece hacer esto? Lo hago".

Tras difundirse el informe de Save the Children, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró que se tomarán medidas y que sólo con que se produzca "un único caso ya es demasiado". El problema es que son muchos más. Cada año las denuncias por abuso sexual salpican a cascos azules desplegados en alguna de las 24 misiones de paz. En 2007 la ONU investigó 127 denuncias en nueve países distintos.

Pero hubo un caso especialmente crudo que puso en marcha las actuales medidas de vigilancia y formación que la ONU aplica. Ocurrió en Bunia, en la República Democrática de Congo, en 2004. Decenas de refugiadas, algunas mujeres y la mayoría niñas (de hasta 11 años), sufrieron explotación sexual por parte de cascos azules. A veces, a cambio de uno o dos dólares, o de huevos, como recoge la investigación de la ONU.

¿Qué se está haciendo para atajar un problema que sigue ocurriendo? "Instruimos a los soldados sobre esta cuestión, y cada seis meses hay una conferencia en la capital sobre abusos sexuales. Nadie puede decir 'yo no estaba informado", asegura el general Gaye. Y agrega que, sobre el código de conducta para cascos azules de 2005, en la MONUC se han fijado directrices específicas: "No permitimos que los soldados salgan del campamento después de las 18.00. No pueden ir de civiles y no pueden ir con prostitutas".

¿Cree que estos controles son suficientes? "Cuando queremos cambiar mentalidades hace falta tiempo, y está claro que aquí lo hemos conseguido. Pero hace falta aumentar la sensibilización sobre abusos y educar, hay que ser más severos con las medidas disciplinarias y aumentar la prevención sobre el terreno".

La misión de la ONU en Congo, por ejemplo, está compuesta por contingentes militares de 18 países. Los más numerosos, de la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Suráfrica, por este orden. Ante tal variedad de idiomas y formación, la tarea de "cambiar mentalidades" resulta ambiciosa. Cada Ejército elige a quién envía. No hay requisitos de formación para pertenecer a los cascos azules, en la escala más baja, y sí incentivos económicos por permanecer cuatro o seis meses en una misión. Igual que en España: únicamente es necesario ser soldado. Y luego todos se someten por igual al código de conducta marcado por la ONU y a esas charlas específicas sobre violencia sexual y derechos humanos.

Cuando hay indicios sólidos de abuso sexual, Naciones Unidas actúa. Pero la cuestión es que, de demostrarse el abuso, todo lo que puede hacer el organismo internacional es repatriar al soldado y recomendar que lo juzguen en su país, lo que no siempre ocurre. "No deberían tener inmunidad, lo importante es que las víctimas obtengan justicia. En casos de abuso sexual, su testimonio es fundamental. Si lo juzga un tribunal militar en el país al que pertenece el soldado, las víctimas ni se van a enterar", opina Itziar Ruiz-Giménez. Para Vidal Martín, investigador del think-tank FRIDE, "conduce a la impunidad en la práctica. Hay pocos casos que luego hayan sido juzgados". Si los autores de los abusos sexuales a niños son trabajadores humanitarios de ONG, hay diferencias sustanciales respecto a los cascos azules. Para empezar, su situación jurídica. Como ocurre con cualquier civil, si cometen un delito en el extranjero, es la justicia del país donde se han producido los hechos la que interviene, siempre que haya garantías de un proceso justo. Hace un mes la opinión pública internacional recibió la última entrega del culebrón Arca de Zoé: Eric Breteau está en la calle en Francia. En libertad con cargos. Tiene pendiente con la justicia gala tres causas: estafa, ejercicio ilegal de la actividad intermediaria con vistas a adopciones y ayuda a la entrada irregular de menores extranjeros. Por el intento de secuestro de 103 niños chadianos, que no eran ni huérfanos ni de Darfur, ya fue juzgado en Chad. Y condenado a ocho años de trabajos forzados. Pero no cumplió esa pena ni en el país africano ni en Francia, adonde fue extraditado. El presidente de Chad, Idriss Dèby, le indultó.

No era un caso de abusos sexuales por parte de cooperantes. Pero formaban parte de esa mínima proporción de ellos que ensucia la imagen y la labor de los demás. "Cada caso es distinto", explica Giulia Tamayo, responsable de Investigación y Políticas de la rama española de Amnistía Internacional. "Depende del delito. Pero la injerencia política es habitual. Son las picardías de las Relaciones Internacionales". Este caso se juzgó en Chad, pero la "intervención política es evidente", dice Itziar Ruiz-Giménez.

No se puede hablar de impunidad, pero sí de cierta desprotección de las víctimas. La convención de derechos del niño, suscrita por 190 países -faltan EE UU y Somalia-, constituye una consistente herramienta para protegerlos. Pero es una cuestión de efectividad: la maraña de jurisdicciones y la voluntad política de los países, unida a la dificultad de probar este tipo de delitos cuando hay denuncias, juega en contra de la rapidez y la práctica obtención de justicia por parte de las víctimas.

"En España no hay impunidad porque tenemos una arquitectura jurídica suficiente para evitarlo", zanja Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación. Los controles previos sobre las ONG son exhaustivos. Todas las que reciben fondos y están inscritas en el registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) pasan, además de detalladas auditorías económicas, un sistema de calificación integral desde 2005. Ahí se evalúa su grado de adhesión a códigos éticos propios y de las redes a las que pertenecen, la transparencia de sus órganos de gobierno o la tasa de feminidad. Y así hasta 78 criterios.

"La ONU y muchas ONG han suscrito códigos de conducta sobre el tema para, en teoría, pasar a la acción. Pero poco ha cambiado sobre el terreno. Los niños siguen sufriendo explotación. No hay una solución mágica", dice el portavoz de Save the Children, y añade: "Es un tema doloroso para la ONU y las ONG. Nadie quiere hablar de ello en público".

Un problema difícil de cuantificar

- Una historia de silencio.Uno de los principales obstáculos para conocer el número real de abusos, que es "significativo" según el informe de Save the Children, es que apenas se denuncia. La ONG reclama que se creen métodos eficaces para que deje de ser un tema sumergido.- El registro de la ONU.- Casos juzgados. Sri Lanka está procesando a los 111 cascos azules, tres de ellos comandantes, repatriados de Costa de Marfil por abuso sexual. Nigeria hizo lo propio en 2005 contra 11 soldados, igual que Bangladesh con cinco cascos azules repatriados de Liberia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de junio de 2008

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