La conversación
Ayer, sábado, EL PAÍS publicó en la sección Cartas al director dos misivas que criticaban el tratamiento dado por el diario, el pasado 4 de junio, a la conversación telefónica que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mantuvo con la abogada Dolores Martín, que mantenía un litigio con su marido por la custodia de su hija. La presidenta del Tribunal no sabía que su interlocutora estaba siendo investigada, y su teléfono intervenido, por posible inducción al asesinato de su ex marido. El diario publicó un amplio resumen de los 15 minutos que duró la conversación y l...
Ayer, sábado, EL PAÍS publicó en la sección Cartas al director dos misivas que criticaban el tratamiento dado por el diario, el pasado 4 de junio, a la conversación telefónica que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mantuvo con la abogada Dolores Martín, que mantenía un litigio con su marido por la custodia de su hija. La presidenta del Tribunal no sabía que su interlocutora estaba siendo investigada, y su teléfono intervenido, por posible inducción al asesinato de su ex marido. El diario publicó un amplio resumen de los 15 minutos que duró la conversación y llevó el tema a primera página con un titular que recogía una frase de la conversación. "Si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar".
La primera carta -suscrita por 15 catedráticos y 32 profesores entre los 54 firmantes, en su mayoría académicos de Derecho del Trabajo al igual que la presidenta del Constitucional- criticaba en términos muy duros el tratamiento informativo y terminaba con la siguiente frase: "Nunca habríamos creído que EL PAÍS iba alinearse en ese campo de la infamia". La segunda, suscrita por 38 personas "tod@s noso-tr@s catedrátic@s de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de distintas universidades" -entre ellos los 15 catedráticos que firmaban la primera-, subrayaba el doble ataque que suponía, en su opinión, el tratamiento ofrecido por el diario: de un lado buscaba el descrédito de la presidenta del Constitucional y compañera de los firmantes, y en segundo lugar se sumaba a un ataque indirecto al propio tribunal.
La pregunta que, en mi opinión, late en ambas protestas es la siguiente: ¿debió el diario publicar esa conversación de la presidenta del Tribunal Constitucional? El defensor ha pedido al director adjunto, Vicente Jiménez, que explique las razones que llevaron al diario a publicar la conversación.
"EL PAÍS publicó la conversación de la presidenta del Constitucional por nuestro compromiso con los lectores de ofrecer informaciones veraces sobre asuntos de interés; por nuestra obligación de compartir, sin más censura que la legalidad vigente y la ética periodística, toda la información que poseamos sobre temas de actualidad para que el ciudadano conforme libremente sus opiniones; y por respeto a la libertad de información, derecho que posee el ciudadano y obliga al periodista".
"La conversación de Casas, quinta autoridad del Estado, con una mujer investigada por el asesinato de su ex marido, a la que asesoró sobre cuestiones legales, es un asunto relevante que los lectores de EL PAÍS merecen conocer. Mucho más si el tema está bajo el escrutinio del Tribunal Supremo y se produce en el contexto de una crisis sin precedentes en la institución que Casas preside".
"Sólo desde la mala fe, el corporativismo más descarado o una ignorancia monumental sobre el papel de la prensa en una democracia madura cabe reclamar, como han hecho los firmantes de las dos cartas, que EL PAÍS escamotee a sus lectores esa información. La transcripción de la conversación de Casas fue obtenida con absoluto respeto a los procedimientos que establece nuestro Libro de estilo y fue contrastada con la interesada. La conversación fue grabada, además, bajo tutela judicial, dentro de la investigación por el mencionado asesinato. ¿Qué precepto legal ha vulnerado EL PAÍS? ¿Qué ley exime a Casas del interés y escrutinio de los medios? ¿Quién teme a la información?".
"Más allá de inexactitudes", añade Jiménez, "acusaciones infundadas y juicios de valor descabellados, no he encontrado en las dos cartas de protesta un solo argumento que justifique la ocultación de la información en cuestión. Curiosamente, este periódico ya recibió críticas similares cuando, el pasado diciembre, difundió investigaciones judiciales que afectaban a otro miembro del tribunal. O cuando desveló maniobras para recusar a algún magistrado o echar a la presidenta. No recuerdo que los indignados firmantes de las cartas tildaran entonces nuestro trabajo de sensacionalismo 'alineado en el campo de la infamia'. ¿Acaso no lo consideraron necesario porque dichas noticias afectaban de forma negativa a magistrados conservadores, enfrentados en ese momento a la presidenta? En uno y otro caso, EL PAÍS ha cumplido con su obligación. Seguirá haciéndolo. Aspiramos a una ciudadanía madura y bien informada. Sin información no hay debate; y sin espacio para el debate la democracia se va por el desagüe", concluye Jiménez.
Vivimos un mundo paradójico. A menudo, se critica a los diarios por lo que callan y también por lo que cuentan o cómo lo cuentan. El debate agrio y el partidismo político hacen que las informaciones relevantes, y por tanto los medios, los periodistas, estén, estemos, bajo sospecha y se hagan juicios de intenciones sobre lo que se escribe, sobre lo que se publica. Lo importante es que lo que se escriba sea verdad, esa verdad siempre limitada pero imprescindible para saber un poco más lo que está pasando.
Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonear al número 91 337 78 36.