El Gobierno apuesta por integrar con empleo a los rumanos de Utrera

Los ciudadanos rumanos que han soliviantado a los vecinos de la barriada de La Paz en Utrera (Sevilla, 49.000 habitantes) deben mantener "unos niveles de convivencia parecidos o similares a los que se encontraron" cuando llegaron al pueblo. Así lo expresó ayer el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés, que apuesta por integrarlos con puestos de trabajo.

Durante una rueda de prensa, el subdelegado mostró, además, su "absoluta colaboración" con el ayuntamiento de la localidad, gobernado por el Partido Andalucista, y puso a disposición de éste a la Guardia Civil, "para que controle la legalidad de esas personas".

Un total de 603 vecinos de Utrera han remitido al ayuntamiento un escrito en el que acusaban a un grupo de rumanos, en su mayoría de etnia gitana, de conductas incívicas y exigían su expulsión de la localidad.

Les responsabilizaban, entre otras cosas, de protagonizar reyertas, dormir hacinados en furgonetas, mantener relaciones sexuales en la calle, arrojar basura al interior de los patios comunes, protagonizar disputas entre ellos y realizar sus necesidades fisiológicas en los portales.

Durante la conferencia de prensa, Valdés expresó "la voluntad del Gobierno de integrar por medio del trabajo a los inmigrantes", y añadió que "en Sevilla hay un servicio especial para levantar los campamentos y lugares insalubres o asentamientos que hay en la provincia". A pesar de ello, opinó que "lo de Utrera parece más un tema de convivencia entre un tipo de personas y otro".

Los vecinos, por su lado, rechazan toda acusación de racismo y aseguran que en el pueblo conviven españoles con marroquíes, ecuatorianos, chinos, "un negro y de todo".

La Guardia Civil reconoce que se ha producido un aumento de llamadas de denuncia en los últimos meses. En cuanto a las intervenciones de armas, afirma que no hay "nada fuera de lo normal". Valdés insistió varias veces en que el problema de los rumanos de Utrera "representa un tema de convivencia, no de legalidad".