El Gobierno apoya a Casas y el PP considera insostenible su situación

El Ejecutivo ve irrelevante el diálogo grabado a la presidenta del Constitucional

El PP considera que las conversaciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, con una abogada, publicadas ayer íntegramente en EL PAÍS, ponen a la institución en "una situación insostenible". El portavoz popular en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, afirma que "desde el punto de vista penal, el Tribunal Supremo debería resolver cuanto antes, incluso para no deteriorar la presunción de inocencia de Casas". Trillo añadió que "institucionalmente, la presidenta ha puesto al Constitucional en una situación insostenible y la salida está en sus manos. Ella tiene que saber valorarlo".

"El problema es que en la conversación asesora a su interlocutora y la reconduce hacia el recurso de amparo que le correspondería a ella resolver", añadió Trillo. Se refiere a la frase "si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar", que Casas le dijo a la abogada María Dolores Martín Pozo, presunta inductora de la muerte, un mes antes, de su ex marido. La Guardia Civil tenía intervenido por orden judicial el teléfono de Martín, que fue detenida en 20 de mayo pasado, más de un año después de la conversación con Casas, y permanece en prisión.

Los populares piensan que la presidenta debería dar una explicación

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Hasta ahí llega el PP en declaraciones públicas. En privado, fuentes de la dirección del Grupo Popular aseguran que se trata de un episodio muy grave, que, independientemente de la investigación penal, debería hacer que Casas, como mínimo, diera alguna explicación.

Según esas fuentes, el PP ha estudiado qué medidas podía adoptar y, por el momento, cree que la única actuación posible es forzar que la presidenta del Constitucional convoque un pleno del tribunal y explique su posición. La iniciativa, en todo caso, debería ser de los propios magistrados, no del PP, según admiten las citadas fuentes.

La sustitución de Casas, junto con la de otros tres magistrados, está pendiente desde diciembre del acuerdo entre el PSOE y el PP. El fallecimiento del magistrado conservador Roberto García-Calvo ha desnivelado la mayoría del tribunal en favor de los progresistas y, por eso, la continuidad de Casas es clave para el resultado de recursos trascendentes, empezando por el del Estatuto de Cataluña.

Frente a la posición del PP, tanto el Gobierno como el PSOE respaldaron ayer a Casas y restaron trascendencia a las conversaciones remitidas al Tribunal Supremo.

Fuentes de Moncloa aseguran que del contenido de la conversación no se deduce ninguna irregularidad, y mucho menos un ilícito penal. Añaden que es simplemente un gesto humano hacia una conocida, y queda claro que Casas desconocía las circunstancias personales de su interlocutora, es decir, que estaba presuntamente involucrada en el asesinato de su marido.

Por tanto, el Gobierno considera que no hay la más mínima razón para que Casas abandone su cargo, porque no se deduce ningún asesoramiento a su interlocutora. Incluso, otras fuentes del Gobierno se preguntan por qué no se han destruido unas conversaciones surgidas en una investigación penal pero que carecen de relevancia jurídica y, además, no tienen nada que ver con el caso que se investiga.

En esta línea, el portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, expresó su "prudencia" ante el caso, pero dejó claro su "respeto a la honradez y la actitud profesional de los magistrados del Constitucional", empezando por su presidenta. "No hay nada nuevo que nos haga dudar de la actitud profesional de María Emilia Casas", aseguró Villarrubia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0004, 04 de junio de 2008.

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