Incapaces de homologar el sistema
Madrid fue expulsada por el Gobierno del recuento oficial porque, en vez de contar la espera a partir de que un facultativo prescribe la operación, como manda el real decreto 605/ 2003, contabiliza la demora a partir de las visitas preoperatorias con el anestesista, lo que retrasa el ingreso en la lista unos 30 días. Por eso, la media oficial que aguardan los madrileños está en 11,5 días. Según una estimación de este periódico, la cifra real podría rondar los 58,9.
La única comunidad que se ha negado a proporcionar a este periódico la media general de espera ha sido Canarias, pero las consejerías de Valencia, Aragón y Baleares también han optado por no facilitar alguno de los datos solicitados.
El argumento que utiliza el Gobierno para no hacer públicos estas cifras, pese a que las tiene, es la "lealtad institucional". Y la dificultad para conseguir números homologables por comunidad autónoma de indicadores sanitarios es una prueba de que el sistema está resquebrajado. Los sistemas de información "deberían ser nuestros ojos, y estamos fatal de la vista", dijo el 22 de abril Beatriz González, una de las coeditoras del Informe 2008 de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), el más extenso análisis del sistema sanitario. "No somos capaces de tener sistemas compatibles", añadió en la presentación del estudio. Curiosamente, otro de los editores era el recién nombrado director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández. Entonces, antes de que su nombramiento fuera público, Hernández dijo que la "transparencia es clave en un sistema democrático".
El informe es muy crítico con las carencias de los sistemas informativos. "Para aprender de la experiencia se requiere ante todo la memoria de ésta, algo que no es posible sin registros y explotaciones que conviertan datos dispersos en verdadera información. Su ausencia, o casi peor, su existencia fragmentaria, descoordinada y opaca, impide la mejora por comparación, la rendición de cuentas y el empowerment de los ciudadanos", afirma.
En el trabajo, se identifica claramente la oportunidad perdida para contar con datos: el fin de las transferencias sanitarias en 2002. "Las posibilidades de éxito" de tener un sistema de información son "mucho más pequeñas que si se hubiera iniciado esta tarea cuando se tenía la capacidad de organizar los sistemas de información de 10 comunidades". Un lastre para el que ya no hay marcha atrás.
Albert Jovell, presidente del Foro español de pacientes, previene de un posible mal si el examen de la sanidad se basa sólo en "una política de ranking". "El efecto pernicioso puede ser que, las comunidades, al saber por qué número les van a medir, inviertan la mayor parte de su dinero en que esa cifra sea aceptable, olvidando otras prioridades como las operaciones más graves o la calidad del servicio. Los recursos son limitados y hay que fomentar las prioridades", añade.
Para Jovell, la solución es "imponer unos criterios comunes, unos indicadores únicos y evaluados por una agencia independiente que contemple sanciones para las comunidades que se desmarquen de ellos". Todo ello sin olvidar la calidad del servicio. Mientras tanto, la falta de transparencia perjudica gravemente la salud.
