Un grapo, absuelto de asesinar a un policía al no localizarse a una testigo

El grapo Marcos Martín Ponce, absuelto por el Tribunal Supremo de una condena de 30 años de prisión por el asesinato del policía Francisco Javier Sanz Morales, está cumpliendo en la actualidad una pena de 11 años de cárcel y tiene pendientes otras tres causas por delitos terroristas, por lo que no saldrá en libertad. La sentencia del Supremo, que hace recaer la responsabilidad de la absolución sobre la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, el fiscal y la policía, fue duramente criticada en medios policiales, que la calificaron de "miserable" e "indigna".

El SUP tacha el fallo de "miserable" y de "insulto" a la memoria del policía

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, absuelve al grapo Martín Ponce al no considerar suficiente la declaración de una testigo de los hechos, leída en el juicio del coautor del asesinato, Israel Torralba. La testigo, pese a tener carácter de protegida, no fue encontrada por la policía para que compareciese en el juicio de Martín Ponce, celebrado después, y el Supremo ha considerado "inadmisible" el reconocimiento fotográfico del presunto autor del asesinato en un proceso en el que Martín Ponce no estaba siendo juzgado.

La sentencia critica a la policía por no explicar "de forma mínimamente aceptable" las razones por las que no localizó a la testigo protegida y la "concepción burocrática" que inspiró su búsqueda, que según el Supremo se limitó a su lugar de trabajo, un centro escolar "sin actividad durante el mes de julio".

También critica que el fiscal se conformase con leer la declaración de la testigo protegida, lo que "dejó sin soporte probatorio la acusación". Asimismo, entiende que la Sección Cuarta de la Audiencia no realizó ningún "esfuerzo" para preservar el derecho de contradicción y defensa y sustrajo a la defensa del grapo el interrogatorio de la principal testigo de cargo.

La Audiencia replicó ayer en una nota que no pudo acordar la suspensión del juicio porque no lo pidieron ni la acusación ni la defensa y de haberlo hecho por propia iniciativa, el juicio sería nulo. Fuentes de la Fiscalía indicaron que su acusación dio lugar a una condena de 30 años por la Audiencia. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) valoró la sentencia como un "desprecio" e "insulto a la memoria del policía asesinado, su familia y sus compañeros", al haber utilizado "artilugios legales para favorecer a su asesino". El SUP se preguntó "si no valía la pena remover hasta los cimientos de la ley, como se hizo con la doctrina Parot, para hacer justicia" o al menos, "repetir el juicio".

Fuentes del Supremo consultadas por este periódico aseguraron que antes de acordar la absolución, el tribunal sentenciador se cercioró de que Martín Ponce no saldría de prisión al tener una condena de 11 años y varias causas pendientes. Sólo al conocer esta circunstancia, uno de los magistrados desistió de firmar un voto particular disidente. La sentencia fue notificada a la Audiencia Nacional el pasado 28 de febrero.