Reacción escandalosa

La sociedad española ha asistido escandalizada a la cadena de errores judiciales que han precedido al asesinato de Mari Luz. Pero más escandalizada todavía pienso que debe estar ante la reacción que se ha producido tanto por parte del juez Rafael Tirado, responsable directo del error cometido que posibilitó que fuera asesinada Mari Luz, como por parte de sus compañeros de profesión, que han cerrado filas en torno a su compañero pretendiendo exonerarle de cualquier tipo de responsabilidad.

No recuerdo haber asistido a una reacción más indigna y más escandalosamente desvergonzada que la que protagonizaron el pasado miércoles los jueces de Sevilla. En lugar de pedir perdón porque en el seno del poder judicial se haya producido un error que nunca debería haberse producido y que ha tenido la trágica consecuencia conocida, los jueces han decidido hacer responsable de lo ocurrido a todo el mundo, menos a ellos mismos, a pesar de que nos encontramos ante un error que no es que haya sido cometido por un juez, sino que únicamente puede ser cometido por un juez.

En esto consiste la especificidad de la conducta antijurídica que se examina en este caso. El principio de exclusividad jurisdiccional que figura en el artículo 117.3 de la Constitución establece que "corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales... juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". En consecuencia, nadie que no sea el juez que tenía la responsabilidad de hacer ejecutar la sentencia firme que condenaba a Santiago del Valle puede haber cometido el error. Nadie.

¿Qué responsabilidad cabe exigirle al juez por el incumplimiento de su obligación en este asunto y nada más que en este asunto? Esto es lo que hay que dilucidar y para eso está el Consejo General del Poder Judicial en primera instancia y los propios tribunales de justicia en segunda, ya que las decisiones del consejo son recurribles ante la jurisdicción Constencioso-Administrativa. El juez va a disponer de todas las garantías constitucionales en el ejercicio de su derecho de defensa y podrá alegar todo lo que estime pertinente. Pero el procedimiento de exigencia de responsabilidad tiene que ser activado.

Al leer esta mañana la información sobre la reunión de los jueces de Sevilla no he podido dejar de pensar en si habrían sido capaces de mantener esa reunión y de decir las cosas que allí dijeron delante del padre de Mari Luz. ¿Se atreverían a decirle a la cara a este señor, que ha venido proclamando de manera reiterada su confianza en la justicia y que ha pedido que se deje trabajar a los jueces para que puedan hacer lo que tienen que hacer, se atreverían a decirle que no ha habido ningún juez que tenga responsabilidad alguna en que no se ejecutara la sentencia contra Santiago del Valle? ¿Se atreverían a decirle que ellos, titulares del poder judicial del Estado, en quienes el padre de la niña asesinada ha depositado su confianza para que se haga justicia, no están dispuestos a que ningún juez asuma algún tipo de responsabilidad y que lo único que quieren es escurrir el bulto, responsabilizando a los demás de lo que únicamente puede haber sido un error propio?

La opinión que tienen los ciudadanos de la Administración de Justicia no es que no sea buena, sino que es francamente mala. Es algo en lo que coinciden todos los estudios de opinión desde hace tiempo. Con reacciones como la de los jueces de Sevilla el pasado miércoles no puede sino empeorar. Para tapar el error de un compañero no se le puede transmitir a la sociedad el mensaje de indefensión generalizada que ellos han transmitido. Es negar su propia condición como poder del Estado.