La justicia tumba la demanda para desalojar a los colectivos de Can Vies

Can Vies seguirá siendo un Centro Social Autogestionado y los 20 colectivos que lo utilizan podrán seguir allí. Así lo ha decidido el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Barcelona al desestimar la demanda de Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona, que solicitaba el desalojo de tres edificios situados entre los números 40 y 42 bis de la calle de Jocs Florals, en el barrio de Sants.

La juez explica que debió demandarse al sindicato y no a personas ignoradas

La juez da la razón a los usuarios gracias al buen hacer de un abogado defensor, quien en el juicio presentó un documento de 1984 por el que la empresa de transportes autorizaba a la sección sindical de la CNT la ocupación y utilización de los locales. El acuerdo detalla que la autorización duraría hasta que se acordara otra cosa y precisa que, en caso de desalojo, se deberá asignar otro local a la sección sindical.

En los 24 años transcurridos desde ese acuerdo han ocurrido muchas cosas. Entre ellas, el nacimiento de la CGT tras una escisión de la CNT, una organización que no estaba personada en el proceso, pero sí la CGT. Por eso, al principio del juicio, la abogada de la CGT, Ester Sancho, advirtió de este detalle, aunque la juez entendió que un sindicato era el heredero del otro y ordenó que prosiguiera la vista.

Sin embargo, cuando otro abogado mostró el acuerdo de 1984, la juez cambió de opinión.Entonces consideró que se estaba causando indefensión a la CNT, porque no estaba demandada y no bastaba con que el sindicato supiera que existía la demanda, como alegó la abogada de la empresa. Por eso, la sentencia concluye que la demanda se debió dirigir contra la CNT, en lugar de contra un particular y de los "ignorados ocupantes" de los edificios.

Contra la sentencia puede recurrirse ante la Audiencia de Barcelona. Ferrocarriles Metropolitanos declinó ayer pronunciarse sobre la resolución porque todavía no se le ha notificado. "La sentencia podía haber ido más lejos, pero estamos contentos porque nos da la razón" y creemos que cierra la vía civil", explicó la abogada Ester Ramos.

Los argumentos invocados por la compañía del metro para pedir el desalojo es que desde 1997 no se organizaban actividades en esos edificios, que estaban en estado ruinoso, afectados por el trazado del AVE, y que la ocupación se produjo sin tener ningún derecho.

Por su parte, la docena de abogados de las entidades que ocupan los edificios calificaron la demanda de "temeraria" y de haber actuado con mala fe porque existe un acuerdo para ocupar los edificios y porque siempre han estado abiertos al barrio. También recordaron que diversos colectivos y entidades utilizan esos locales con el beneplácito del Ayuntamiento. Por todo ello, las defensas explicaron que el verdadero motivo de la demanda era puramente especulativo. Es decir, que se derribasen los locales para poderlos vender a los promotores inmobiliarios y permitirles que se construyan viviendas.

El Ayuntamiento de Barcelona ya intentó el desalojo de Can Vies por la vía penal, pero el caso fue archivado en 1998. Ahora queda por ver si se cierra también la vía civil y si no se abre una tercera vía judicial, como la laboral. "No será fácil, porque el derecho del trabajo protege ahora a los sindicatos más que en 1984", aseguró la abogada de la CGT.