El fiscal pide que la niña saharaui se quede con la familia de acogida

El Ministerio Fiscal abogó ayer por que la niña saharaui a la que reclama su madre se quede, por ahora, con el matrimonio que le acoge en Villaverde del Río (Sevilla). Según fuentes del caso, el fiscal se ha adherido a la posición de la familia de acogida, que solicitó una "medida provisionalísima" para que la niña, de siete años, permanezca con ellos temporalmente, al menos hasta que acabe el curso escolar.

Estas fuentes señalaron que todas las partes coinciden en que la situación es "anómala", pero que el abogado del matrimonio que acoge a la pequeña, Miguel Ángel Martínez, y el fiscal consideran que la entrega debe hacerse "de forma progresiva". El abogado de la madre biológica, Juan Ignacio Fernández de la Mata, se reconoció "muy decepcionado" con la postura del fiscal. "Llevamos un mes explicando el caso en la Fiscalía y siempre vi que su posición era clara y que entendía que la niña tenía que volver con su madre cuanto antes".

El juez hará pública su decisión la semana que viene. Pero el fiscal, igual que el abogado de la familia de acogida, apostó ayer por evitar la entrega inmediata. "Aunque tampoco se dice cómo se va a concretar la entrega", se lamentó el letrado que defiende a Ghedjemoula Mohamed Bibat, la madre de la niña. El fiscal y la familia de acogida consideran que lo más conveniente es establecer un "periodo transitorio". "¿Eso qué significa?" se pregunta el abogado de Ghedjemoula. "¿Que la madre, que vive en Zaragoza, tiene que venir a Sevilla a ver a su hija los fines de semana? ¿Que la madre se tiene que quedar aquí de casa en casa donde la puedan ir acogiendo?". "Si todos coincidimos en que es una situación anómala, ¿por qué prolongarla más", pregunta el abogado.

El letrado de la familia de acogida aseguró que sus clientes creen que la niña debería terminar el curso en el colegio de Villaverde y que no se niegan a que la menor retorne con su madre. "Por supuesto nadie se atreve a decir que no deben devolvérsela porque saben que eso no tiene ni pies ni cabezas", afirma el abogado de Ghedjemoula. Fernández de la Mata tampoco comparte que la demora en la entrega vuelva a justificarse en la conveniencia de no interrumpir el curso escolar. "Esa razón ya se alegó el año pasado. La madre aceptó y la familia de acogida se comprometió a llevar a la niña en juno a Zaragoza con su abuelo, pero no lo hizo", explica el abogado, que entiende que retardar la entrega perjudicará a la pequeña: "Ahora dicen que la niña lleva un año y medio con ellos y que es mucho tiempo para entregarla de forma inmediata, pero si esperamos más, llevará ya dos años y pico y será peor", advierte Fernández de la Mata.

Una opinión similar sostiene Baha Bustafá, vicedelegado saharaui en Andalucía. "Esperamos que el juez le dé la razón a la madre para que pueda llevarse a su hija. Lleva demasiado tiempo sin ella y si se alarga puede complicarse más". Los responsables de la delegación saharaui mantienen que el matrimonio de Villaverde ha incumplido el acuerdo de acogida temporal que suscribió con la asociación. Si el asunto va a más y el juez aprueba la solicitud de esta familia, Bustafá asegura que dejarán los acogimientos de niños saharauis se limitarán, a partir de ahora, a los dos meses de vacaciones de verano "garantizados por el Gobierno español y la Junta".

Hasta ahora, la asociación facilitaba acuerdos entre la familia de origen y la de acogida para que algunos menores permanecían más tiempo en España con el objetivo de completar un tratamiento médico o incluso para estudiar. Fue le caso de Ghedjemoula, que acordó que la niña se quedaba con la familia seis meses mientras la madre legalizaba su situación en España. El matrimonio que la acogió firmó un acuerdo por el que se comprometía a que la niña volviera con su madre "cuando ésta lo solicite o cuando la delegación saharaui para Andalucía así lo indique".

Los responsables de la asociación aseguran que las complicaciones que se han encontrado con este caso van a crear precedentes: "Los niños ya no se quedarán aquí si no lo avala una ONG española o una institución andaluza. Nosotros no vamos a dejar aquí más niños si no nos dan esta garantía", apunta Bustafá.