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Las empresas públicas suman ya 2.000 empleados, la mitad que el Gobierno

Los requisitos de contratación son inferiores a los de acceso al funcionariado

Las sociedades públicas y las fundaciones dependientes del Gobierno emplean ya a más de 1.900 personas que no se someten a las condiciones de contratación establecidas para la función pública. Dicha cifra supone dos tercios del total de funcionarios y la mitad de todo el personal que trabaja en la Administración General, es decir, sin contabilizar las plantillas de la Ertzaintza, la Administración de Justicia, la enseñanza y Osakidetza.

La oposición acusa a Zenarruzabeitia de desconocer la cifra total de empresas participadas

Las sociedades públicas y las fundaciones dependientes del Gobierno emplean ya a más de 1.900 personas que no se someten a las condiciones de contratación establecidas para la función pública. Dicha cifra supone dos tercios del total de funcionarios y la mitad de todo el personal que trabaja en la Administración General, es decir, sin contabilizar las plantillas de la Ertzaintza, la Administración de Justicia, la enseñanza y Osakidetza. A todas estas sociedades hay que sumar cerca de otras 150 empresas en las que la participación del Ejecutivo es igual o inferior al 50% del capital, cuyas plantillas no se han contabilizado en este análisis realizado por EL PAÍS.

Sólo las empresas con una participación del Gobierno superior al 50% figuran incluidas en los presupuestos de la comunidad. Ni el resto de empresas, ni las fundaciones, aunque pertenezcan al 100% al Ejecutivo, aparecen en las cuentas públicas.

La oposición acusa al Gobierno de estar privatizando servicios públicos y destaca que resulta imposible conocer la cifra exacta de las empresas participadas. Tanto el PSE como el PP aseguran que la propia vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, que dirige el Departamento de Administración Pública desconoce su número y función. Las estimaciones de socialistas y populares las sitúan en más de 150 sociedades de todo tipo.

La consejería de Zenarruzabeitia no ha respondido a la solicitud de este periódico para que manifestase su opinión.

La vicelendakari contestó en enero pasado a una pregunta del parlamentario popular Antón Damborenea, quien solicitaba la lista de todas las firmas participadas. La respuesta cita 104 empresas, pero otras muchas, como Euskalovo, no figuran. Damborenea precisa que existen por lo menos otras 50 y que dio personalmente el nombre de alguna de ellas a Zenarruzabeitia, quien "no conocía su existencia". "Los consejeros han metido a sus departamentos en un montón de sociedades y no precisan la autorización de Hacienda. No hay limites y pueden generar deudas sin ningún control", se queja la socialista Joana Madrigal.

La ponencia para modificar la Ley de Régimen Presupuestario ya ha establecido algunos cambios que mejorarán el control. Por un lado, pide que se incluyan en los Presupuestos todo tipo de organismos, agencias y fundaciones públicas. Por otro, fija la obligación de que se informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara de todas las empresas con una participación igual o inferior al 50%, que la ley no considera en sentido estricto como sociedades públicas.

El Ejecutivo no ha precisado nunca los motivos para desarrollar esta red paralela de trabajo, más allá de las formulaciones genéricas sobre la oportunidad y la eficacia en la gestión. Los sindicatos y la oposición advierten de que se están privatizando servicios públicos y que existe un problema de competencia desleal de la Administración con el sector privado.

La red de empresas resulta mucho más importante en unos departamentos que en otros. Destacan especialmente Agricultura y Pesca e Industria, Comercio y Turismo, dos de las consejerías que mueven un mayor volumen de ayudas públicas. En ambas, el personal que trabaja para la Administración es muy inferior al de las empresas y la diferencia resulta todavía más llamativa con respecto a la cifra de funcionarios (ver gráfico).

Otras tres consejerías carecen de sociedades públicas y de empresas participadas. Una de ellas (Interior) cuenta, sin embargo, con un porcentaje elevado de empleados con contrato laboral fijos (no sujetos a la función pública) y de eventuales para servicios de la Ertzaintza, atención de emergencias,...

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de diciembre de 2007