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30 licencias de obras nulas aguardan la aprobación del PGOU de Marbella

El Ayuntamiento debe decidir sobre las demoliciones de los inmuebles

Juana Viúdez

Una treintena de expedientes de licencia de obras que han sido declaradas nulas por sentencia o acuerdo administrativo firmes aguardan a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella (Málaga) para ver si finalmente los dictados judiciales son ejecutados, y se repone la realidad física alterada, o si tienen cabida en el modelo urbanístico que elabora el actual equipo de Gobierno. En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Marbella se ha quedado a solas con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Junta de Andalucía ha decidido echar el cierre de su oficina de planeamiento y dejar que sea el Consistorio en solitario quien decida los cambios al documento, elaborado por el Gobierno andaluz.

Hasta la fecha, se sabe muy poco de las novedades que el equipo de Ángeles Muñoz incorporará al documento amparándose en las 9.000 alegaciones recibidas. La alcaldesa ha dejado muy claro que no le gusta el sistema de compensaciones ideado por la Junta y que lo modificarán para que no afecte a los compradores de las 18.000 viviendas que pretende regularizar. La férrea defensa de los compradores de buena fe puede acarrearle algún problema legal. Si se opta por una amnistía general, el documento no obtendrá el visto bueno legal de la Junta y habrá que hacerlo de nuevo.

En su medio año de gobierno, el equipo de gobierno marbellí ha decidido aplazar la revisión de 1.000 expedientes urbanísticos supuestamente irregulares y han pedido a los tribunales que solicitaban ejecuciones de sentencia firmes que aguardaran a la aprobación definitiva del nuevo PGOU. De su equipo de Gobierno depende que entren o no en el nuevo modelo urbanístico de la ciudad.

Entre esos 32 expedientes que buscan acomodo destacan empresas conocidas por el caso Malaya, como Fink 2010, encargada de la construcción de un conjunto residencial en Río Verde, y que según el instructor del caso estaba participada por Juan Hoffman, presunto testaferro de Roca. Otra de estas construcciones, a cargo de la promotora Moansa, ya ha supuesto una condena para el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, por conceder una licencia de obras en una zona verde en 1997. Como resultado, se construyeron seis chalés de lujo habitados desde hace varios años. Otro de los casos que siguen pendientes es la demolición de una nave industrial propiedad de Antonio Espada, concejal de Medio Ambiente de la ciudad. La comisión gestora ya pidió al alto tribunal andaluz a comienzo de año que condicionara el derribo de este negocio-dedicado a la venta de materiales de construcción- a la revisión de la legalidad de varios acuerdos y actos municipales anteriores que habían beneficiado a la empresa propietaria.

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Sobre la firma

Juana Viúdez
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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