Reportaje:El asalto al Constitucional

Confabulación para la toma del poder en el Constitucional

El PP no ha dudado en utilizar informaciones falsas de un medio afín para controlar el alto tribunal

La recusación del PP contra tres magistrados progresistas del Constitucional, basada en una información de El Mundo, no ha resistido la prueba de la verdad. Los magistrados conservadores, que ocupan sus puestos gracias al PP, han sido esta vez los encargados de dar la puntilla a la falsedad. El ejercicio de la política basado en los bulos se ha vuelto a topar con la Justicia.

La batalla por el control del Constitucional empezó hace más de un año, cuando el PP se embarcó en la operación derribo de la mayoría progresista del alto tribunal al recusar a uno de sus miembros para la deliberación del Estatuto de Cataluña. Es sólo uno de los puntos de fricción que el PP mantiene en el Constitucional, organismo en el que ha presentado, a través de media docena de recursos, una moción de censura a toda la legislatura de Zapatero.

La división de magistrados conservadores hizo dudar al PP La recusación se presentó 24 horas después de la falsa información

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El magistrado progresista Pablo Pérez Tremps fue apartado del recurso sobre el Estatuto porque cobró de la Generalitat de Cataluña por un estudio que le encargaron mucho antes de que se decidiera redactar un nuevo texto estatutario. Con Pérez Tremps expulsado, el pleno que decidiría el futuro de Cataluña quedaba con mayoría conservadora (seis frente a cinco).

Aquella maniobra sobresaltó al Gobierno socialista, que forzó una reforma legal de urgencia aprobada gracias a una enmienda urgente de IU a la ley.

La reforma prorrogaba automáticamente el mandato de Maria Emilia Casas, la presidenta, progresista, del Constitucional. El Gobierno se garantizaba así que, aunque los conservadores hubieran tomado el control mediante la recusación de Pérez Tremps en el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, en el resto de asuntos (Ley del matrimonio de homosexuales, Ley de Igualdad, Ley de Reforma del Constitucional...) los magistrados progresistas seguirían teniendo ventaja pues en caso de empate decidiría el voto de calidad de la presidenta Casas.

La nueva ley entró en vigor a finales de mayo y el PP, que votó en contra, esperó.

Algunos magistrados, nombrados en su día a propuesta del PP, no aceptaron las nuevas reglas de juego. Los conservadores Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo se reunieron con Casas el 12 de junio, la exigieron que dimitiera y se manifestaron en contra de la Ley del Gobierno. Lo hicieron, además, redactando una nota por escrito que entregaron a la presidenta.

Un mes y medio después, 62 diputados del PP, entre los que no se encontraba Mariano Rajoy, presentaron el recurso contra la reforma que prorrogaba el mandato de Casas. El Gobierno pasó a la acción para neutralizar el ataque del PP y recusó a los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata en octubre pasado. El argumento jurídico del abogado del Estado fue el escrito firmado por los dos magistrados conservadores oponiéndose a la Ley del Gobierno y exigiendo la dimisión de Casas.

Esta recusación dejaba fuera de juego a dos de los magistrados conservadores con lo que el sector progresista volvía a ser mayoría.

El PP esperó a la publicación de una información que se ha demostrado falsa para responder. Apareció el 25 de octubre de 2007 en el periódico que ha servido a los populares para hacer oposición al Gobierno tomando como base noticias sin base real.

El Mundo publicó el 25 de octubre de 2007 un artículo titulado Tres jueces del Tribunal Constitucional anticiparon su acuerdo con la enmienda Casas. La información, sin firma y basada en fuentes, daba cuenta de una reunión del 12 de junio en la que los magistrados progresistas Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala "se mostraron partidarios de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional". La noticia aseguraba que en la reunión también estaban los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas, junto a la presidenta, María Emilia Casas. "En el transcurso de la conversación, Aragón llegó a proponer incluso que se difundiera una nota de prensa para dar a conocer el parecer favorable de lo que entendía era la mayoría del Tribunal (...) Rodríguez Arribas, sin embargo, no quiso manifestar su opinión, remitiéndose al pleno del Tribunal".

El PP fotocopió el recorte de prensa y, sólo un día después de publicada la información, la endosó en el escrito de recusación contra los tres magistrados progresistas. La mañana de la publicación, el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, dio por hecho que se llevaría a cabo la recusación. Sin embargo, por la tarde, nadie quería confirmarlo en el PP. A la formación de Mariano Rajoy le entraron muchas dudas, según varios dirigentes de este partido, sobre todo porque algunos magistrados conservadores se pusieron en contacto con ellos para destacar que con una prueba tan endeble -una versión de una reunión que ellos mismos no avalaban- no se podía intentar una recusación. La división entre los propios magistrados conservadores hizo dudar al PP, pero al final se optó por seguir adelante, como estaba previsto. De hecho, el día anterior ya habían desfilado 50 diputados del PP por el despacho de Mariano Rajoy en el Congreso para firmar el recurso.

La Justicia hizo su trabajo y todos los magistrados presentes en la reunión de la que daba cuenta El Mundo desmintieron en un escrito los hechos en los que el PP basaba la recusación. Uno de ellos, entregó su propia versión firmada el pasado jueves durante la celebración del pleno que deliberaba sobre la cuestión: "Contra lo expuesto en la noticia del periódico [El Mundo], en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora del Tribunal Constitucional, que nadie propuso la celebración de una conferencia de prensa y que tampoco yo dije que me reservaba las opiniones para el pleno".

El tribunal decidió remitir este escrito y el documento firmado por los seis magistrados a las partes. El PP puede comprobar así que la base de su recusación carece de fundamento. Los dirigentes populares rechazan, de momento, retirar la recusación pese a que ya conocen que está basada en un bulo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 16 de noviembre de 2007.

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