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Alperi permitirá a Kelme dar un pelotazo a cambio de Agua Amarga

Urbanismo estudia los planes parciales donde aplicar la compensación

Comprar sin dinero. Mientras que el Gobierno pretende adquirir el saladar de Agua Amarga de Alicante con una oferta económica a la empresa Kelme, propietaria de los terrenos, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, trama otra operación que frustraría los planes del Ministerio de Medio Ambiente.

El alcalde, que preside un Ayuntamiento con un elevado endeudamiento y con escasos recursos económicos disponibles, pretende que el humedal sea propiedad municipal (fue una de sus promesas electorales) y para lograrlo plantea aumentar la edificabilidad previstas en algunos planes urbanísticos pendientes. El beneficio de este excedente de obra sería el que también obtendría Kelme, propietaria de los casi dos millones de metros cuadrados de suelo rústico no urbanizable, que el Ayuntamiento adquiriría.

La venta de estos terrenos, que la familia Quiles, fundadora de Kelme, compró en Agua Amarga, forma parte de la operación diseñada desde el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la Generalitat para sanear esta empresa, que arrastra una deuda de 47 millones. La operación incluye la renuncia a la opción de compra que sobre esos terrenos firmaron los Quiles con Francisco Borja (licenciatario de Reebok). En septiembre, el IVF aseguró que ultimaba la oferta para que Kelme adquiriera esta opción de compra.

Ahora, el Consistorio quiere recurrir a un mecanismo urbanístico de compensación para ejecutar lo que se conoce como un pelotazo. Según explicó a EL PAÍS el alcalde, Luis Díaz Alperi, los técnicos están estudiando qué planes parciales se podrían adecuar a esta fórmula que permitirá incrementar la densidad de viviendas autorizadas por hectárea. Con este "excedente" se compensará a los propietarios del suelo de Agua Amarga. El "beneficiario" de la compensación puede ejercer su derecho a construir o venderlo al promotor del plan parcial.

Un ejemplo al azar: si en un plan parcial estaba previsto construir 40 viviendas por hectárea se autoriza ampliar a 45. Alperi no aclaró cuántas viviendas de más supondrá esta operación, aún en estudio, ni cuántos planes urbanísticos se podrían ver afectados. La negociación con Kelme todavía no ha comenzado formalmente. Con esta operación, el Ayuntamiento pretende obtener el máximo rendimiento económico para Kelme, porque "si el saladar lo compra el Ministerio de Medio Ambiente no será tanto el valor de la operación", subrayó una fuente ecologista, ya que pagará por terrenos no urbanizables.

El saladar más preciado

¿Por qué motivos el alcalde Alperi tiene tanto interés en conseguir para Alicante el saladar de Agua Amarga? Esta es la pregunta que se hacían ayer varios concejales en el Ayuntamiento de Alicante. Es cierto que el proyecto viene de lejos, pero ha sido, precisamente, cuando el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado un plan para recuperar el litoral cuando el PP ha empezado a interesarse por este paraje. ¿Se plantea otro pelotazo urbanístico?, se preguntaban dos ediles de la oposición. Aurora Gómez, del PSPV, recordaba que la Ley Valenciana de Espacios Naturales, aprobada en 1994, concede a los Ayuntamientos la potestad para declarar un Paraje Natural Municipal: "si quisiera proteger los humedales ya lo hubiera hecho antes sin contar con otras administraciones".

El deseo de protección y recuperación del saladar también contrasta con el asunto de urgencia aprobado solo por el PP para "solicitar al Ministerio de Medio Ambiente acondicionar el paseo peatonal y carril bici para acceder a la playa de Urbanova 1 en zona de dominio público marítimo terrestre". Una propuesta basada en el "paulatino incremento del número de residentes en la zona de Urbanova", según defendió la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. La portavoz socialista, Etelvina Andreu, en aquella ocasión se abstuvo y votó en contra de la urgencia de una iniciativa de la que carecía de información. Alperi insistió ayer en su interés por que Agua Amarga sea un "espacio público" y dijo que si el Gobierno "quiere comprarlo y llega a un acuerdo, perfecto". No obstante, un dirigente socialista alertaba de que estos terrenos rústicos se pueden "valorar con una expectativa urbanizadora y en puertas del nuevo PGOU".

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