El fiscal acusará a 16 personas en la trama de Hacienda de Barcelona

Dos fiscales de Barcelona están ultimando el escrito de acusación por la supuesta trama de la corrupción en la Inspección de Hacienda de Cataluña descubierto en 1999. El escrito, que deberá visar el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, acusará a un mínimo de 16 personas por cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y delito fiscal.

En el banquillo se sentarán, entre otros: José María Huguet, inspector regional jefe de Cataluña de 1988 a 1994, el asesor fiscal Juan José Folchi, el financiero Javier de la Rosa, el constructor y ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente y su hijo José Luis Núñez Navarro. La fiscalía también acusará a los inspectores de Hacienda Álvaro Pernas, Manuel Abella, José Lucas Carrasco y Roger Bergua, así como al empresario Eduardo Bueno por amañar actas de inspección a diversas sociedades.

El juicio podría celebrarse en un año, dado que se trata de una causa de 400.000 folios que conlleva una tramitación muy lenta. La parte más laboriosa, que es la instrucción, concluyó el pasado mes de junio tras ocho años de investigación. El caso provocó en su día la dimisión de José Borrell como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno al trascender que entre los imputados estaban Huguet y Ernesto de Aguiar, colaboradores suyos cuando fue secretario de Estado de Hacienda.

Pagos en Suiza

La investigación ha probado que entre 1990 y 1993 Huguet y Aguiar recibieron en unas cuentas de Suiza 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) procedentes del grupo Torras-Kio. Los pagos los realizó Folchi, según confesó él mismo, aunque Aguiar quedó exculpado al no probarse que cobró por su actividad como inspector.

Quien ya ha presentado escrito de acusación es el abogado del Estado. Solicita penas que suman 37 años y medio de cárcel para Folchi, Núñez Clemente, Núñez Navarro y para Salvador Sánchez Guiu, responsable financiero de las empresas del Grupo Núñez. La tesis de la acusación es que esas sociedades amañaron sus deberes fiscales con Hacienda gracias a los "buenos oficios" de Huguet, quien tenía una "relación de personal agradecimiento" con Folchi "por haberle concedido la oportunidad de enriquecerse", con los pagos en Suiza. El abogado del Estado también sostiene que Núñez padre e hijo "se ganaron la voluntad favorable" de los inspectores Abella y Bergua a cambio de venderles propiedades por un precio muy inferior al del mercado y la de Carrasco, con pagos de 123 millones de pesetas (unos 700.000 euros)

"Ese escrito de acusación me parece un desafuero y el procedimiento judicial es hiperbólico, con una manifiesta falta de pruebas. Las empresas del grupo Núñez ya fueron sometidas a la justicia ordinaria y se concluyó que su situación tributaria era impecable", afirma Cristóbal Martell, defensor de Núñez Clemente.

El abogado del Estado también sostiene que Folchi y Javier De la Rosa y los inspectores Huguet y Abella "se dispusieron de forma consciente y voluntaria a paralizar y denegar inspecciones, mentir en diligencias de comprobación y extender actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria" de las empresas Acie, Beaming y Pinyer, todas del Grupo Torras-Kio. Por eso reclama 32 años de cárcel para Huguet y Bergua, 30 para Abella y 15 para Javier de la Rosa. "Las peticiones son totalmente desmesuradas, con errores jurídicos y fácticos", asegura Javier Melero, defensor de Huguet. Por su parte, Josep López, defensor de Folchi, también sostiene la inocencia de su cliente y afirma que "nunca asesoró a Núñez y no tuvo nada que ver con las inspecciones".

Otra parte del escrito de acusación relata las actuaciones supuestamente delictivas de la unidad inspectora dirigida por Álvaro Pernas. Por esas actuaciones, el Abogado del Estado solicita 18 años de cárcel para ese inspector y 15 para el asesor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté, así como 22 años de cárcel para Eduard Bueno, propietario del grupo inmobiliario Ibusa.