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Los proyectos pendientes prevén urbanizar 130 millones de metros

La Generalitat tiene sobre la mesa 175 planes que reclasifican suelo rústico

"Hay crisis, pero a mí no me tocará". Este parece ser el pensamiento de muchos de los ayuntamientos valencianos que tras el paréntesis electoral sacan de los cajones y recuperan algunos de los proyectos urbanísticos pendientes a pesar del generalizado parón inmobiliario. Es el caso de Cullera, Albaida, Burriana, Benimuslem, Llutxent y muchos otros. Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios no sólo no sobra nada sino que prevé que hasta 2013 se edifiquen 25.000 residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Sobre la mesa de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda hay en estos momentos 175 proyectos presentados entre 2001 y 2007, que, de aprobarse, supondría la reclasificación de 130 millones de metros cuadrados de suelo rústico.

Los promotores preven construir 25.000 segundas residencias a año

El Ayuntamiento de Albaida acaba de retomar el PAI dels Barranquets. En unas semanas, el gobierno local, que ejerce el PP con mayoría absoluta, ultima las condiciones para la adjudicación del proyecto, que incluye la reclasificación de 2,1 millones de metros cuadrados de suelo rústico, la edificación de 2.500 chalés a siete kilómetros del casco urbano y un campo de golf. Los candidatos a la urbanización deberán construir un auditorio de música municipal y repavimentar el circuito de velocidad de la población, entre otros requisitos. El consistorio de Cullera ha sacado adelante hace dos semanas, con su aprobación provisional, el concierto previo con los PAI de Marenyet y Brosquil, con la reclasificación de 10 millones de metros junto a la desembocadura del Júcar, 13.000 nuevas casas, una marina deportiva y campos de golf. El equipo de gobierno de Burriana ya ha anunciado que sacará adelante el PAI Santa Bárbara (5.000 viviendas, campos de golf y puerto deportivo) en cuanto se apruebe el concierto previo solicitado. L'Atzúvia, que aprobó antes de elecciones tres nuevos PAI y la construcción de 2.000 nuevas viviendas según las normas subsidiarias de 1981 -acción reprobada por la Síndicatura de Greuges-, redactará finalmente un PGOU para dar refuerzo legal a los nuevos proyectos. Favara es otro de los ayuntamientos activos. En estos momentos se tramitan tres PAI y acaba de presentarse al consistorio un cuarto. "Ahora en lugar de presentar los PAI directamente, los consistorios están recurriendo a los conciertos previos para dar salida a sus proyectos urbanísticos. Pero eso no significa que se vayan a revisar los PGOU", advierte un dirigente de la plataforma Abusos Urbanísticos No. En la consejería de García Antón hacen cola 175 expedientes para la reclasificación de suelo rústico en urbanizable, según la información facilitada por este departamento al diputado socialista Francesc Signes. Son expedientes aprobados de forma provisional por los ayuntamientos entre los años 2001 y 2007 y afectan a una superficie, a fecha del 28 de septiembre de este año, de 129.690.054 metros. Sólo 24 de estos proyectos serían ejecutados directamente por los ayuntamientos. El resto correrían a cargo de promotores privados. Todos están a la espera de su aprobación definitiva en las comisiones territoriales de Urbanismo.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios no comparte los pronósticos agoreros a pesar de la caída de viviendas visadas y están convencidos de que hay demanda para rato. Hace unos días presentaban un estudio donde prevén la construcción de 25.000 segundas residencias anuales en la Comunidad Valenciana. Los empresarios citaban otro informe sobre vivienda vacacional, elaborado por el Grupo i, que asegura que las promociones inmobiliarias en altura destinadas a segunda residencia han comercializado en 20 meses las dos terceras partes de las viviendas desarrolladas. Las viviendas unifamiliares se venden antes incluso. Los compradores son en un 76% de los casos españoles, mientras sólo el 3,38% son extranjeros no residentes. De los españoles, la mayoría de compradores, son valencianos.

Ausencia de infracciones

Pese a la intensa actividad inmobiliaria de estos años, el Consell no ha iniciado expedientes sancionadores al amparo del artículo 255 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en vigor desde 2006. Este artículo regula las infracciones graves y muy graves en la ordenación urbanística, entre las que se encuentran la edificación ilegal en zonas verdes, parcelaciones ilegales, exceso de volumetría, etcétera. Según la Generalitat, en respuesta a varias preguntas parlamentarias solicitadas por el socialista Francesc Signes, los casos vistos por la consejería están en fase previa de restauración de la legalidad y todavía no se han impuesto sanciones. En cuanto al conocido en su día como programa del metro por metro, éste se ha aplicado en cinco municipios, donde a cambio de la reclasificación de 3,4 millones de metros cuadrados de suelo rústico, se han cedido 3,1 millones de metros de terreno protegido. Carcaixent, Riba-roja, Serra, Tavernes Blanques y Sant Mateu son los municipios afectados. En la mayoría de los casos han sido los ayuntamientos, como urbanizadores directos, los que han realizado la cesión. En el caso de Riba-roja ha sido la sociedad Litoral del Este, que promueve Porxinos, y en el de Serra, la firma Sierras de Serra. A la vista de estos datos, Signes acusó al Consell del PP de "alentar" entre 2003 y 2005 "una barbaridad de PAI con mucha masa de suelo afectada", y lamentó que no cumpla sus propias leyes, dado que tampoco se ha liquidado las llamadas cuotas de sostenibilidad ni dotado el Fondo de Equidad Territorial, instrumentos previstos en la LUV para que los ayuntamientos con crecimientos urbanísticos intensos paguen estos excesos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de noviembre de 2007

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