Los papeles privados de Salamanca

Mañana a las cinco de la tarde se escribirá otro episodio en la larga batalla por recuperar los documentos catalanes confiscados por el régimen franquista entre 1938- 1939 con el objetivo de ser utilizados para la represión política y conservados en el Archivo Nacional de la Guerra Civil Española en Salamanca. La Comisión de la Dignidad, plataforma cívica que ha agrupado la reivindicación de los papeles, organiza un acto-concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona con la finalidad de presionar al Ministerio de Cultura para que cumpla con la legalidad y retorne unos dos millones de documentos, pertenecientes en su mayoría a personas o entidades privadas.

El acto, que se celebra bajo el lema La Nació catalana diu prou. Volem tots els papers, tiene todos los ingredientes para ser un gran éxito. Presentado por Antoni Bassas, periodista de Catalunya Ràdio, el evento contará con las actuaciones de Maria del Mar Bonet i Raimon, entre otros artistas.

Los partidos catalanes temen que la proximidad electoral retrase la devolución

El Gobierno catalán ha decidido enviar una amplia delegación. Estarán presentes el consejero de Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, y otros tres consejeros, Francesc Baltasar, Joan Manuel Tresserras y Montserrat Tura, en representación de los tres partidos del Gobierno. El Partit dels Socialistes (PSC) apostó por asistir después de debatir esta semana sobre la conveniencia de su participación. Las dudas surgieron, sobre todo, a partir del voto de sus diputados en contra de la moción debatida el pasado martes en el Congreso, que exigía al Gobierno central la devolución inmediata de los papeles a sus propietarios y que sólo fue apoyada por Izquierda Unida, Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC), que la había presentado a petición de la Comisión de la Dignidad.

Pese a haber impulsado desde el principio el proceso, el PSC no quiso desvincularse del voto del PSOE, partido que cree que la devolución de los papeles puede esperar unos meses, hasta después de las elecciones. Ayer, el PSC, a través de los diputados en el Parlament Caterina Mieras y Josep Maria Balcells, pidió al ministro de Cultura, César Antonio Molina, "un gesto rápido" para demostrar que el proceso de retorno no está parado.

CiU no tardó en criticar al PSC. La diputada convergente Carme Vidal denunció "el cinismo" utilizado por la formación de José Montilla. Vidal calificó las declaraciones de Mieras y Balcells de "tramposas" porque el PSC "escenifica" una postura exigente pese al rechazo de la moción. En todo caso, fuentes del Gobierno catalán consultadas por este periódico aseguran que la consejera de Justicia, Montserrat Tura, tenía previsto estar presente mañana en el acto aunque fuera a título personal.

La ley 21/2005 de restitución a la Generalitat de los documentos confiscados con motivo de la Guerra Civil -aprobada por las Cortes en noviembre de 2005- establece que, antes de la devolución, se tienen que identificar los documentos de particulares y asociaciones. La identificación realizada por técnicos de la Generalitat finalizó en octubre de 2006. Ahora, el Gobierno debe convocar la Comisión Mixta Estado-Generalitat para validar esa identificación.

Molina, en su comparecencia en el Senado el pasado 17 de octubre, aseguró que el Gobierno cumplirá la ley "en el menor tiempo posible". Pero antes había condicionado la segunda fase de la devolución de documentos a la creación del Patronato del Centro de Documentación Histórica y al nombramiento de su director. El historiador Josep Cruanyes, miembro de la Comisión de la Dignidad, cree que la ley no prevé que el retorno de los documentos privados esté vinculado a la creación de este organismo.

Las interpretaciones de la ley no son las únicas pistas que muestran los síntomas de inactividad del Gobierno central. En vísperas de las elecciones generales de marzo, los partidos catalanes temen que el PSOE, para no perder votos, retrase todo el proceso para evitar un enfrentamiento abierto con el PP, que abandera la oposición al retorno de esos documentos expoliados.

La experiencia de la devolución de los documentos pertenecientes a la Generalitat y al Parlament, completada en enero de 2006, contó con la férrea oposición del partido que lidera Mariano Rajoy. En un ambiente de crispación, las 500 cajas salieron de Salamanca y llegaron al Archivo Nacional de Cataluña. Todas menos siete.