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Tribuna
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Desestabilización política

Cuando nos acercamos al final de la legislatura y aumenta el nerviosismo electoral en un ambiente político ya de por sí crispado, es oportuno afirmar que no estamos tan mal. Porque se está cerrando muy probablemente la legislatura más progresista y autonomista de la democracia española desde la aprobación de la Constitución española de 1978. La lectura global que se puede hacer de estos cuatro años desde una actitud reformadora es positiva. No comparto, por tanto, un discurso crítico instalado en sectores de la izquierda contra la política del Gobierno de Zapatero, en unas circunstancias especialmente difíciles por el acoso y derribo que sigue caracterizando la acción de la derecha política y mediática. Se pueden criticar por oportunistas y electoralistas algunas de las medidas recientes en política social, pero no me parece responsable que la crítica vaya más allá en el actual contexto político.

Uno tiene menos prisa para proclamar la Tercera República cuando desde la ultraderecha se pide la abdicación del rey Juan Carlos. A los golpistas les va bien cualquier colaboración voluntaria o involuntaria de desestabilización política. Y hay desestabilizadores profesionales en la actual democracia española, con nombres y apellidos fáciles de localizar en los medios de comunicación y en el poder judicial. La desestabilización política erosiona y desprestigia en primer lugar al presidente del Gobierno, como pudo comprobar Adolfo Suárez en aquellos años tan trascendentales para el futuro de la democracia española. El mar de fondo nacionalista, radicalizado ingenuamente o intencionadamente por algunos nacionalismos de la periferia, les va de maravilla para multiplicar los avisos de alarma de que la unidad de España corre peligro. Y de que todo es culpa de Zapatero.

La polarización de la política española es un mal escenario para continuar una política social de progreso y de descentralización autonomista. Al Partido Popular le interesa esta polarización, pero al PSOE no. Y a los nacionalismos democráticos de la periferia, tampoco. No comprendo, pues, algunas decisiones o propuestas con relación a la autodeterminación por inoportunas y desestabilizadoras en el contexto político actual. Ciertamente, a muchos dirigentes del PSOE les falta entender la autodeterminación como un derecho de los pueblos, que no puede quedar circunscrito en exclusiva a los mal llamados Estados nacionales. También es verdad que son sospechosas por politizadas las acciones judiciales en paralelo a determinadas decisiones políticas, como la reciente detención de la dirección de Batasuna por orden del juez Garzón. La estrategia de la tensión es especialmente peligrosa en Euskadi por la posibilidad de nuevos atentados. El resultado de todo ello es la desestabilización política y un riesgo creciente de involución constitucional.

En este sentido, me preocupa la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a los recursos presentados contra artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo razonable sería que el Tribunal Constitucional confirmase lo que el pueblo de Cataluña aprobó mediante referéndum. Pero teniendo en cuenta la composición y la división política del tribunal, todo es posible. En el caso de dar la razón aunque sea parcial a los recursos, se puede caer en la trampa de una nueva acción-reacción de movilización-desestabilización política. No se desautoriza a unas Cortes Generales y una decisión democrática mediante referéndum todos los días.

Los partidismos habidos en la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía no invitan al optimismo de cara a una respuesta unitaria de todo el catalanismo político. Pero ésta es la condición imprescindible para salir airosos del embrollo político que puede provocar la resolución del Tribunal Constitucional. Será necesaria una defensa cerrada del autogobierno de Cataluña en torno al actual presidente de la Generalitat por parte de todos y cada uno de los partidos catalanistas. No creo, en absoluto, en la utilidad de respuestas testimoniales, callejeras o, incluso, en una pretendida consulta popular. El pueblo de Cataluña ya decidió con su voto afirmativo y no corresponde volver a preguntar sobre lo mismo. Carecen de sentido, a mi parecer, las declaraciones de Pasqual Maragall o la propuesta de Artur Mas con relación a la conveniencia de que los ciudadanos de Cataluña sean consultados, en la hipótesis de sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional. Por favor, no más enredo estatutario. Todavía peor sería una reactivada pugna entre partidos catalanes para capitalizar a beneficio propio la respuesta política al Tribunal Constitucional. El catalanismo está viviendo una etapa de cambio, de recomposición de alianzas, de nuevos equilibrios y ambiciones por su hegemonía, y esta realidad lo hace especialmente vulnerable ante las provocaciones externas.

Por el contrario, sí que sería muy positiva una declaración institucional de claro y preciso contenido político en defensa del autogobierno de Cataluña y de sus derechos nacionales, que contara con el apoyo de todas las fuerzas políticas que dieron su apoyo a la reforma estatutaria en el Parlament, el 30 de septiembre de 2005, y a la que se sumaran las más diversas instituciones de la sociedad catalana. Una respuesta institucional y unitaria abierta a todos los ciudadanos de Cataluña y con un mensaje evidente en palabras de Charles Taylor: "Free people are self-governing people" (un pueblo libre es un pueblo que se gobierna a sí mismo). A los 30 años del retorno de Josep Tarradellas y del restablecimiento de la Generalitat, el autogobierno de Cataluña es irreversible y su consolidación por ampliación se conseguirá de forma gradual, tal como ya ha ido sucediendo en todos estos años. Aunque hay que tener presente que la desestabilización política nunca favorece este proceso.

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Miquel Caminal es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona

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