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Violencia xenófoba y homófoba en la región

El juez tardó siete meses en avisar al fiscal

El ministerio público fue informado el miércoles de la agresión que dejó tetrapléjico a un congoleño

Desde hace siete meses, Miwa Buene sólo puede mover la boca. Alguien tiene que desplazar su silla de ruedas. Es congoleño, tiene 42 años y es economista y traductor ocasional. Una agresión presuntamente racista, en una calle de Alcalá de Henares, una mañana de febrero, le causó una tetraplejia.

Sólo ahora, siete meses después, es cuando la justicia parece haber empezado a actuar con el rigor que demanda la agresión, que va a dejar postrada de por vida y en una silla de ruedas a una persona. El fiscal no ha podido actuar antes porque se enteró oficialmente de este caso el pasado miércoles, según explicó ayer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

"Nos enteramos cuando el juzgado nos informa. Fue el miércoles", dice el fiscal jefe de Madrid
"Miwa ha mejorado. Pero es doble víctima. Le agreden y la justicia no le ampara", dice Ibarra
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Miwa recibió un golpe (él afirma que "por ser negro") y sólo puede mover la cara. Está internado en el hospital Nacional de Tetrapléjicos de Toledo. Su presunto agresor, libre. La familia de Miwa y el Movimiento contra la Intolerancia -que ve un caso de "racismo" en esta agresión- están que trinan por la lentitud de las pesquisas judiciales. Y también por la tardanza del juzgado instructor, el 6 de Alcalá de Henares, en tomar medidas contra el supuesto agresor.

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Miwa sufre tetraplejia desde el mismo día de la agresión, el 10 de febrero. Y así consta en un informe que el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá envió ese mismo día al juzgado: "Fractura-luxación de la columna cervical con tetraplejia". La causa, "agresión"; el pronóstico, "muy grave". Tan grave, que ingresa en la UCI.

El juzgado se limitó a abrir diligencias y a imponer al supuesto agresor la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Pero ni siquiera informó de ello al fiscal.

Ante unas lesiones de este tipo, lo normal es que el juez convoque con cierta urgencia a las partes, incluido el fiscal, a una especie de vistilla en la que tiene que decidir si decreta o no prisión para el detenido. Sólo puede ordenar prisión si lo pide alguna de las partes. Pero para que éstas puedan pedirlo, o no, hay que convocar la citada vistilla. La comparecencia se hace tras el interrogatorio del sospechoso, con intervención de todas las partes: fiscal, abogados de la defensa y acusación.

En este caso, el sospechoso de esta agresión, Roberto Alonso de la Varga, un vecino de Alcalá de 29 años con dos antecedentes por atentado contra la autoridad y uno de robo con fuerza, fue interrogado por la policía. El juez, en cambio, le tomó declaración hace sólo unos días, el martes pasado. Pero en ella ni siquiera intervino el fiscal porque no fue avisado.

La Fiscalía de Madrid tuvo conocimiento el miércoles de esta gravísima agresión. El fiscal jefe, Manuel Moix, supo que había ocurrido esta agresión merced a una incendiaria carta de queja que le remitió el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. "Los fiscales nos enteramos de las causas cuando el juzgado nos da traslado de ellas; en este caso, fuimos informados el pasado miércoles", explicó ayer Moix. Tras ser informado por el juzgado, el número 6 de Instrucción de Alcalá de Henares, el fiscal ha pedido toda una batería de diligencias, además de la vistilla o comparecencia necesaria para ver si las partes demandan o no prisión contra el supuesto agresor.

Aun sin la preceptiva comparecencia, las dos acusaciones particulares -el abogado de la esposa de la víctima y el Movimiento contra la Intolerancia- han solicitado al juez que decrete prisión contra Alonso. Y previsiblemente lo volverán a pedir durante la vistilla, cuando finalmente se convoque. El fiscal prefiere esperar a que se produzcan los interrogatorios de los testigos de esta agresión para decidir si pide o no prisión para el imputado.

Otra de las pruebas que acaba de pedir el fiscal, y que todavía no se ha practicado, es que el forense reconozca a Miwa en el hospital de Toledo y dictamine si su grave dolencia es compatible con la agresión que sufrió el 10 de febrero.

Dos testigos han reconocido a Alonso como la persona que, hacia las diez de la mañana de ese día, golpeó a Miwa durante una discusión en la calle. El ministerio público también quiere que se tome declaración a la víctima, aunque sea en el hospital de Toledo. La idea del fiscal es que se muestre a Miwa un álbum de fotos, incluida la del sospechoso, dado que el congoleño puede mover los ojos y la boca, pero ni siquiera puede girar la cabeza, para que éste señale a la persona que le agredió. De momento, las sospechas policiales apuntan a Alonso como autor. Ha sido identificado por dos testigos. Los dos le reconocieron como el agresor en comisaría el día de los hechos. Además, el juzgado realizó el 21 de mayo una rueda de reconocimiento en la que uno volvió a identificarle "sin ningún género de dudas". Otro testigo del barrio en que se produjo la agresión, el de Nueva Alcalá, también explicó en la calle a la policía, y así consta en el atestado, que conocían al agresor y que se trataba del hijo de un jardinero. Alonso admitió el pasado martes, durante su segunda declaración, esta vez ante el juez, que su padre se dedica a la jardinería. Pero volvió a negar los hechos. Asegura que él no ha agredido a Miwa. Subraya que ese día vio a éste en un bar y que discutía con una persona. Y que volvió a verle más tarde, pero ya estaba tendido en el suelo. Los policías que detuvieron a Alonso, por indicación de los testigos, aseguran en el atestado que, al llamarle la atención, Alonso se mostró muy "agresivo" y comenzó a realizar "comentarios racistas y xenófobos".

Miwa quiso dejar de comer en agosto. No tenía fuerzas, decía, para someterse a la rehabilitación con la que podría recuperar algo de movimiento en un brazo. Anteayer, una delegación de cuatro personas de la Embajada de Congo le visitó, respaldó al Movimiento contra la Intolerancia en sus acciones legales y comunicó al enfermo que su ministro de Asuntos Exteriores iba a pedir a su homólogo español que la hermana de Miwa y los dos hijos de éste, de 10 y 12 años, viajen a Madrid.

"Eso ha supuesto un giro importante en su actitud mental, su estado psicológico ha mejorado", decía ayer Ibarra. Pero se preguntaba: "¿Por qué el juzgado no ha actuado? ¿Por qué no informó a la Fiscalía? ¿Por qué no le ha tomado la declaración a Miwa y no le ha examinado un forense? Es doblemente víctima. Primero, le agreden por ser negro; y luego, la justicia no le ampara".

Miwa Buene, inmigrante que quedó tetrapléjico tras una agresión presuntamente racista.
Miwa Buene, inmigrante que quedó tetrapléjico tras una agresión presuntamente racista.BERNARDO PÉREZ

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