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El PP acusa a la Xunta de adjudicar de forma ilegal la autovía del Barbanza

Feijóo exige que se investigue la operación, que encareció la obra en 31 millones de euros

En medio de la crisis por las irregularidades de la Cidade da Cultura, el PP contraataca con un caso de presunta prevaricación en la adjudicación de una obra, la de la autovía del Barbanza, con un presupuesto similar al del proyecto del Monte Gaiás. El bipartito rechazó la puntuación elaborada por una consultora de las ofertas para el desdoblamiento de la vía del Barbanza y encargó una nueva de la que resultó elegida una propuesta 31 millones de euros más cara. La beneficiaria fue Sacyr, con la que en esas fechas se llegó a un acuerdo para eliminar el peaje de Rande.

El pleno del Parlamento de Galicia debatirá el martes la propuesta del Grupo Popular de crear una comisión de investigación respecto a un asunto que, para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta "indicios de prevaricación evidentes". El Partido Popular denuncia "presiones políticas" para revisar la valoración de ofertas del contrato, de unos 300 millones de euros y que estaba listo para adjudicar cuando se produjo el relevo en la Xunta, hace dos años. El objetivo de las nuevas puntuaciones, que inclinaron la balanza a favor de Itinere, del Grupo Sacyr, principal accionista de Audasa, era, según el PP, desbloquear las negociaciones para liberar los peajes de Rande y A Barcala.

La perjudicada por la revisión de las ofertas fue la constructora San José, a la que después se adjudicaron dos contratos de la autopista Dozón-Ourense "para compensarla por la pérdida de la autovía del Barbanza". "Hay indicios clarísimos de que se tomaron decisiones injustas a sabiendas de su injusticia, lo que nos pone ante un presunto delito de prevaricación", acusa Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP compara el caso con el de la Cidade da Cultura, en el que, en cambio, "ninguna adjudicación se aparta de los informes técnicos".

El concurso para desdoblar la vía rápida del Barbanza en autovía lo convocó el 3 de marzo de 2005 la Consellería de Política Territorial. Esta actuación era la primera licitada por la Xunta mediante el modelo de peaje en la sombra. Dado el carácter novedoso del procedimiento, la consellería, entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo, contrató por concurso público una asistencia técnica para la valoración de las ofertas presentadas. En mayo se abrieron las plicas y se aceptaron 8 ofertas. En julio de 2005, la consultora entregó el informe de valoración, en el que la mayor puntuación era la de la Constructora San José.

Xunta en funciones

La Xunta, que entonces se encontraba en funciones, decidió dejar pendiente la adjudicación de la concesión para que la realizase el Gobierno entrante. Tras el relevo, la Consellería de Política Territorial paralizó la adjudicación con el argumento de revisar el proceso de valoración de ofertas con criterios de seguridad ambiental y de protección económica, en detrimento de los económicos, a pesar de que los criterios de evaluación y su ponderación estaban recogidos en el pliego de prescripciones. En diciembre de 2005, la consellería de María José Caride informó de la contratación de una nueva asistencia técnica para realizar una revisión completa de todo el proceso de valoración, contratada por un procedimiento negociado sin publicidad a una empresa sin experiencia en el sector.

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De esta segunda valoración resultó elegida la oferta del Grupo Sacyr, con la que la consellería estaba negociando la supresión de los peajes de Rande y A Barcala. A las pocas semanas de la adjudicación de la autovía, se desbloquearon las negociaciones para la eliminación de los peajes. La diferencia de presupuesto entre la oferta de San José y la de Itinere es de casi 31 millones de euros, una cantidad que el PP suma a la "muy onerosa" solución adoptada para eliminar los citados peajes de la AP-9, ya que, durante los próximos 42 años, Xunta y Fomento deberán destinar unos 150 millones de euros anuales a Sacyr.

Pero las irregularidades denunciadas por el PP no acabaron ahí. A la operación para suprimir los peajes suman los populares 9 millones de euros de coste añadido que tuvo otra decisión, la de adjudicar dos contratos de la autopista Dozón-Ourense a la Constructora San José, según Feijóo "para compensarla por la pérdida del contrato del Barbanza".

En la autopista Dozón-Ourense, la concesionaria licitó el tramo entre Cea y la A-52 en dos tramos, al separar la contratación de los viaductos del resto de la infraestructura, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia en la adjudicación. De las 21 ofertas presentadas para la autopista, sin viaductos, San José ocupaba el puesto décimo, con una diferencia con la más barata de 2,7 millones de euros, según el PP. Para los viaductos, San José ocupaba el octavo lugar entre 14 ofertas, con una diferencia con la más económica de 6,2 millones de euros. Los dos contratos se adjudicaron a San José.

Sin estudio de tráfico

De acuerdo con la primera valoración de ofertas para la autovía del Barbanza, realizado por la consultora Eptisa, la oferta de San José recibía 718,81 puntos frente a los 702,35 de la de Sacyr. En tercer lugar estaba la de Copasa, con 688 puntos. La oferta que entonces se proponía como ganadora obtenía su puntuación como consecuencia de haber ofertado un presupuesto sensiblemente más económico, debido a los 31 millones de euros de diferencia. El peso del criterio económico ponía a San José 51,54 puntos por delante de Itinere, que no se recuperaban en los aspectos técnicos. La oferta de la empresa del Grupo Sacyr carecía además de estudio de tráfico, lo que reducía a cero los 20 puntos posibles.

En el caso de la autopista Dozón-Ourense, la división en dos contratos fue adoptada por el entonces director técnico de la concesionaria, Aceousa, actual director general de Obras Públicas, y tuvo como consecuencia la redacción de dos proyectos independientes. Se pretendía así premiar la especialización en la ejecución de viaductos. Entre las empresas con ofertas más baratas estaban Puentes y Calzadas, que es especialista en el sector, o Dragados, Acciona, OHL y Ferrovial, con una experiencia superior a la de la gallega San José. Los dos contratos fueron para San José, con un coste que, según el Partido Popular, superaba en 9 millones de euros el persupuesto de las ofertas más económicas.

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