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La Guardia Civil desmantela un desguace ilegal en Rivas

Agentes de la Guardia Civil desmantelaron un desguace ilegal en la Cañada Real Galiana (Rivas-Vaciamadrid) y detuvieron a seis personas de la misma familia acusadas de robar al menos 100 coches, según informó ayer la Guardia Civil.

La banda actuaba por encargo. Cuando un cliente les pedía el tipo de vehículo que quería, los detenidos compraban uno similar en el mercado de segunda mano que hubiera recorrido pocos kilómetros. Después, cambiaban todas las piezas, incluido el motor, para no ser descubiertos.

El grupo podía manipular hasta 30 vehículos en un mes, según la Guardia Civil.

Para conseguir la documentación del vehículo, la banda utilizaba a las mujeres de la familia, que ponían el coche comprado de segunda mano a su nombre para realizar las transferencias posteriores y dar apariencia de legalidad. Algunas de estas mujeres, explicó la Guardia Civil, tenían más de 40 coches matriculados a su nombre.

El operativo ha llevado a la detención de J. B. C., de 27 años y O. M. N., de 35, ambos españoles y cabecillas de la banda, por robo y hurto de vehículos. Estas detenciones se produjeron al principio de la operación policial, en abril, cuando un hombre denunció el robo de su vehículo. Después de varias investigaciones, la Guardia Civil detuvo a M. V. M. N., mujer de 31 años, J. L. B. C., varón de 28 años, M. V. G. D., mujer de 36 años, y S. G. B., mujer de 18, por encubrimiento. Todos ellos han pasado a disposición judicial.

Por otra parte, la Guardia Civil también ha desarticulado un grupo organizado que se dedicaba a comprar coches mediante documentación falsificada en concesionarios de Madrid y Alicante, según informó ayer la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

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En total se ha detenido a 10 personas, entre ellas dos españoles de 29 y 25 años (I. R. M. y J. B. J.), que falsificaban documentos y captaron a cuatro chicas (E. L. V., V. S. M., C. M. O. y J. V. A.), de entre 19 y 36 años, para que llevaran a cabo la estafa en los establecimientos. Todos están ya a disposición judicial.

La investigación, llamada operación clavel, comenzó a principios de 2006 mediante la denuncia de una vecina de Boadilla del Campo (Madrid).

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