Reticencias de los constructores

La patronal de los promotores y constructores de viviendas (APCE), pese a que suele mantener discreción y un tono moderado en el debate sobre la futura ley y el pacto, ha repetido que la norma que se prepara "no gusta". Al tiempo, viene a decir que sin ley no hay pacto. Por una cuestión de rango de los textos. Los promotores no están de acuerdo con las cesiones de suelo privado previstas para levantar pisos públicos. Se refieren a la inseguridad jurídica de los propietarios que ya tienen suelo comprado y mantienen expectativas sobre él. No ven claro que todos los municipios de más de 10.000 habitantes dispongan de suelo para hacer un 15% de pisos protegidos sobre el total de viviendas; tampoco ven bien el plazo de protección de las viviendas y consideran que debería depender de cada ciudad, y discrepan, entre otras cuestiones, del sistema de adjudicación de los pisos públicos previsto, mediante un registro único de solicitantes.

Sí se han mostrado partidarios de firmar el pacto otros interlocutores, como el sindicato UGT o los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).

UGT considera el pacto un gran texto de consenso que es preciso firmar y ve la ley como otra batalla. En este sentido, tampoco quiere ni oír hablar de los 90 años de protección, porque considera que los pisos sociales son una opción de vivienda que debería ser temporal, explica su secretaria de Política Institucional, Eva Granados.

Por parte de los API, su presidente, Joan Ollé, también asegura que firmarán el pacto, al tiempo que explica que el pasado viernes se reunió con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, para "perfeccionar lo relativo a los avales" y para facilitar y fomentar el alquiler.