Aguirre abre hueco en Caja Madrid
La Comunidad impulsa una ley para eliminar las incompatibilidades de los cargos públicos en la entidad financiera - La norma reduce las competencias de los agentes forestales
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quiere irse de vacaciones con los deberes hechos y su gente colocada. Por eso se está dando prisa en sacar adelante la Ley de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. La nueva norma, que previsiblemente aprobará la mayoría del PP en la Asamblea el próximo 25 de julio, deroga un artículo que limitaba la presencia de "cargos de confianza" en Caja Madrid.
Cuando entre en vigor la norma, la presidenta podrá nombrar como consejeros de la entidad financiera a personas de su equipo más próximo. La oposición (PSOE e IU) estudia la posibilidad de que Aguirre apruebe la norma para designar en el consejo a un estrecho colaborador suyo.
"Esto lo puede utilizar como un premio, porque un puesto de consejero de Caja Madrid está muy bien pagado", asegura Modesto Nolla, diputado socialista. Este Consejo de Administración, que consta de 21 miembros, cobró 11,7 millones en 2006.
Designado por el PP
En julio pasado, la entidad renovó a nueve de sus consejeros; el resto cambiará de nombre en 2009. El órgano ejecutivo de la caja está presidido por Miguel Blesa, designado por el PP. Al igual que otros siete miembros del consejo. El PSOE tiene cuatro miembros, e IU, uno. CC OO mantiene cuatro sillones en el consejo; UGT, otro, y la confederación de empresarios, otro más.
Los sillones del Consejo de Administración de la entidad no podrán ser ocupados por miembros de las Cortes Generales, el Parlamento Europeo y las Asambleas de las Comunidades, alcaldes, ediles y altos cargos de cualquier administración.
La nueva Ley de Modernización que impulsa Aguirre limita, además, las competencias de los agentes forestales. La norma incluye un nuevo párrafo en la Ley de Protección de la Naturaleza que establece: "Los agentes forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo para extinción de incendios". El diputado socialista Modesto Nolla critica esta modificación porque permite "la impunidad para cualquier tipo de infracción, como construcciones ilegales, vertidos de escombros o sustancias tóxicas. O para prevenir incendios". "Cuando los guardas no tengan acceso a las fincas se estará permitiendo la impunidad", concluye.
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