Berlusconi desmiente que ordenase espiar a los jueces
Silvio Berlusconi desmintió ayer que hubiera ordenado "ni directa ni indirectamente" investigaciones o controles de magistrados a través de los servicios secretos italianos (Sismi) durante los años en que estuvo al frente del Gobierno. La reacción del ex primer ministro llega dos días después de que el Consejo Superior de la Magistratura denunciara la presunta responsabilidad del Sismi en actividades de espionaje contra jueces, tanto italianos como extranjeros, y entre los que figuraría el español Baltasar Garzón.
Il Cavaliere, que negó también la posibilidad de que alguien de su Ejecutivo hubiera podido ordenar dichas actividades, aprovechó la ocasión para expresar su "total e incondicional estima y confianza" en los servicios secretos italianos. Berlusconi destacó su capacidad para "afrontar momentos de grandísima crisis interna y externa", particularmente "después del 11 de septiembre" en EE UU. "Con su trabajo y abnegación han evitado que en Italia ocurrieran atrocidades como las que lamentablemente golpearon a otros países amigos", dice el ex primer ministro en una nota publicada en la página web de su partido, Forza Italia.
Todo se descubrió hace casi un año, cuando Romano Prodi acababa de relevar a Berlusconi y se descubrió que el Sismi tenía alquilado clandestinamente un piso en Roma en el que un equipo especial, dirigido por el agente Pio Pompa, acumulaba información sobre centenares de ciudadanos. En el piso había miles de informes. El director general del Sismi, Nicoló Pollari, fue relevado del cargo y enviado como asesor a la presidencia del Gobierno.
Magistrados progresistas
Los informes quedaron en manos de los tribunales, y se comprobó enseguida que entre los espiados destacaban 203 jueces, de los que 47 eran italianos y el resto de otros países europeos. Casi todos pertenecían a Medel, una asociación profesional de jueces progresistas de la UE. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM), máximo órgano judicial de Italia, estudió los informes incautados al Sismi y el miércoles emitió una nota de condena.
"La intención era provocar una pérdida de credibilidad de quienes [en referencia a los jueces] trabajaban en procesos particularmente delicados", dijo el CSM. El Consejo subrayó que la obligación del Sismi era la de "velar por la integridad del Estado, no la de garantizar la estabilidad de un determinado Gobierno". Antonio di Pietro, ministro de Infraestructuras y antiguo fiscal de Milán durante la Operación Manos Limpias, comentó: "En el Gobierno de centroderecha había personajes, comenzando por el presidente , interesados en criminalizar a los magistrados para resolver sus asuntos judiciales privados".
El Gobierno italiano, actualmente encabezado por Prodi, manifestó ayer "su plena confianza" a los magistrados a través de una nota oficial, al tiempo que pidió una "rápida" y "completa" clarificación de los hechos.
