Una familia denuncia al hospital de La Paz por extraviar un feto

Ivanka Cañizares, una madrileña de 23 años, ingresó en el hospital de La Paz el pasado 1 de marzo. Estaba embarazada, pero una ecografía reveló que el hijo que esperaba, de ocho meses, había fallecido. Los médicos no pudieron hacer más que extraerle el feto mediante un parto natural.

La familia autorizó la necropsia del cuerpo del bebé para conocer la causa del fallecimiento y lo donó al hospital para su posterior incineración. Sin embargo, días más tarde, cuando se interesaron por el resultado de la prueba, el centro hospitalario dijo que ignoraba el destino final del feto y que no ten...

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Ivanka Cañizares, una madrileña de 23 años, ingresó en el hospital de La Paz el pasado 1 de marzo. Estaba embarazada, pero una ecografía reveló que el hijo que esperaba, de ocho meses, había fallecido. Los médicos no pudieron hacer más que extraerle el feto mediante un parto natural.

La familia autorizó la necropsia del cuerpo del bebé para conocer la causa del fallecimiento y lo donó al hospital para su posterior incineración. Sin embargo, días más tarde, cuando se interesaron por el resultado de la prueba, el centro hospitalario dijo que ignoraba el destino final del feto y que no tenía constancia alguna de la realización de la necropsia.

Ahora la familia ha denunciado al hospital de La Paz por el supuesto extravío del feto. "Nos dijeron que en un mes nos mandarían el resultado de la necropsia", recuerda Valentina, madre de la paciente. "Pero no llegó nunca. Mi hija está ahora muy deprimida. Ni siquiera sabe las causas del fallecimiento ni si puede o no tener hijos en el futuro", señaló.

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El centro hospitalario inició ayer una investigación para esclarecer lo sucedido. Pero ni La Paz ni la Consejería de Sanidad quisieron hacer ningún tipo de declaración al respecto. "Es vergonzoso que La Paz abra una investigación ahora que ha saltado a la prensa el caso. Lo hemos denunciado hace más de un mes y no han hecho nada", criticó María Antonia Moral, presidenta de la Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas, que ofrece apoyo legal a la familia.

Según esta asociación, el caso "podría constituir un ilícito penal ya que vulnera lo dispuesto en el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid sobre el destino que debe darse a los restos humanos".

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