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Identidad nacional 'versus' cotidianidad social en España

El gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia en España explica que no se resolviera uno de los problemas más persistentes en la historia de este país; es decir, el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español. Ello ha dado pie al resurgimiento de los nacionalismos catalán y vasco, por un lado, y del nacionalismo español por el otro (que se alimentan los unos de los otros), cuyos conflictos han absorbido y continúan absorbiendo la mayoría de la atención político-mediática del país.

Sin desmerecer la importancia de tales asuntos, el hecho es que su prominencia en las culturas políticas y mediáticas del país ha sido a costa de la atención mediática y política a otra realidad que las encuestas populares muestran que preocupa más a la población española (y muy en particular a sus clases populares) que los asuntos identitarios y de configuración del Estado. Me estoy refiriendo a la falta de resolución de los enormes problemas sociales que la ciudadanía se encuentra en su vida cotidiana y que afectan a su bienestar social y a su calidad de su vida. Es interesante subrayar que en las recientes ediciones del programa de Televisión Española Tengo una pregunta para usted, las preguntas realizadas al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y al jefe de la oposición, Mariano Rajoy, por parte de grupos de ciudadanos se centraron primordialmente en los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de la ciudadanía, tales como las dificultades para llegar a fin de mes, los bajos salarios, la excesiva temporalidad de los puestos de trabajo, la limitada accesibilidad y escasos recursos destinados a los servicios sanitarios y a los servicios sociales de atención a la dependencia, la insuficiencia de las pensiones, los problemas que se pueden crear por la inmigración en ausencia de servicios que faciliten su integración y otras inquietudes que reflejan, entre otras circunstancias, una gran escasez de recursos en los distintos componentes del Estado de bienestar español. Existe un enorme déficit de gasto público social en España, del cual los establishments político-mediáticos (tanto centrales como periféricos) parecen no ser suficientemente conscientes. Y ello como consecuencia de que el 30-35% de la población española de renta superior (a la cual pertenece la mayoría de aquellos establishments político-mediáticos) no utiliza por lo general los servicios públicos del Estado de bienestar (envían a sus hijos primordialmente a las escuelas privadas concertadas y van a la sanidad privada cuando caen enfermos) y no experimentan en su propia cotidianidad el impacto de las enormes deficiencias de tales servicios públicos.

El 35% de la población de renta superior no usa los servicios del Estado de bienestar

Las últimas cifras de Eurostat, la agencia de recolección de datos de la Unión Europea, muestran que el gasto público social español continúa siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de países con desarrollo económico semejante al nuestro. Esta realidad queda oculta bajo una imagen triunfalista que subraya que el nivel de riqueza en España (medido por su PIB per cápita) es ya el 91% del nivel de riqueza del promedio de la UE-15. Se añade que el nivel de riqueza de España ha pasado de ser el 79,4% del promedio de la UE-15 en el año 1997 al 91% en el año 2007, expresando que en unos años será superior al promedio de la UE-15. Tal aumento de riqueza económica ha sido causa de que en círculos empresariales y financieros (no sólo españoles, sino también internacionales) se haya hablado incluso del milagro económico español. Ahora bien, en esta visión optimista de nuestras realidades se olvida que el gasto público social per cápita (un buen indicador del grado de desarrollo social de un país) en España no es el 91% del promedio de la UE-15, sino sólo el 62%, porcentaje que es incluso inferior al existente en 1992, que fue el 64,6% del promedio de la UE-15. Lo que estos datos señalan es que España gasta mucho menos en su Estado de bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Si nos gastáramos lo que corresponde por la riqueza que tenemos debiéramos gastarnos alrededor de 72.000 millones de euros más.

Tal déficit de gasto público social ocurre en todos los sectores del Estado de bienestar, desde la sanidad, el sistema educativo y los servicios de ayuda a las familias, hasta las pensiones y otras transferencias públicas sociales. En sanidad, por ejemplo, el gasto público sanitario por habitante es sólo el 68% del promedio de la UE-15, lo cual crea un gran malestar entre los usuarios (debido a las largas listas de espera y al escaso tiempo de visita en los centros de atención primaria) y entre los profesionales, como lo atestiguan sus movilizaciones periódicas demandando no sólo mejores remuneraciones, sino también mejores condiciones de trabajo que repercutirían en una mejor atención a los pacientes.

Otro ejemplo de gasto público social deficitario aparece también en uno de los programas que afectan más a la calidad de vida de los ancianos y de las personas con discapacidades, es decir, las pensiones de vejez y de invalidez. Las pensiones en España son bajas en comparación con las existentes en la mayoría de países de la UE-15 (comparando el valor de las pensiones no por el porcentaje de sustitución de los salarios -los cuales son muy bajos en España-, sino por la cantidad de las pensiones para personas en situación de jubilación homologables en varios países). Las pensiones contributivas (en situaciones comparables en varios países) son sólo el 68%, y las no contributivas, el 41% del promedio de la UE-15. Sorprende, por tanto, leer un editorial reciente de EL PAÍS, Augurios de crisis (12 de febrero de 2007), que aconsejaba la reducción de los beneficios sociales de las pensiones calculándolas en función de toda la vida laboral y alargando además la edad de jubilación a los 70 años, asumiendo que el sistema de pensiones era inviable debido al envejecimiento de la población y a la disminución de la población en edad laboral. La importancia e influencia de ese editorial quedaba reflejada en que tales recomendaciones se basaban en un artículo, uno de cuyos autores es el hoy jefe de la oficina económica del despacho del presidente Zapatero, David Taguas. Basar la viabilidad de la Seguridad Social -tal como hacían el editorial de EL PAÍS y el artículo citado- en cálculos que toman como incambiable el actual sistema de financiación basado en las contribuciones de los empresarios y de los trabajadores, es erróneo, puesto que la viabilidad de cualquier programa público depende primordialmente de la popularidad de tal programa y de la capacidad recaudatoria del Estado. La transición demográfica, en lugar de ser un obstáculo a la viabilidad del Estado de bienestar, incluyendo las pensiones, es su mayor valedor, pues a mayor porcentaje de la población anciana mayor apoyo electoral a tales programas, dado que son los que se benefician más de los servicios del Estado de bienestar, y la capacidad recaudatoria del Estado español dista mucho de estar agotada. En realidad, toda la evidencia muestra que la sociedad española es suficientemente rica para tener un mayor gasto público social, incluyendo las pensiones.

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Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

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